Contrarreloj, el Parlamento deberá aprobar ley sobre bancos suspendidos

El proyecto de ley que será remitido en esta jornada o mañana al Parlamento e informado hoy sobre su contenido a la comisión asesora en materia financiera, contiene las bases para la liquidación del Comercial, Caja Obrera y Montevideo y habrá otro capítulo dedicado a darle más potestades al Banco Central para el control de las instituciones y que se le permita actuar como liquidador de los bancos suspendidos.

El proyecto también tratará la creación del nuevo banco y lo referente a la reprogramación de los depósitos que pasarán a la nueva institución.

La mala noticia para los ahorristas es que los plazos a que ellos aspiraban (devolución por etapas en tres años), serán ampliados. Si se hubiera votado la ley de reprogramación que está en el Parlamento (detenida a pedido de Atchugarry), un año después de la apertura del nuevo banco se tendrían que devolver unos U$S 200 millones.

Esa cantidad será imposible de captar en un año, por lo cual la nueva institución se enfrentaría con serios problemas.

Frente a esta realidad, los técnicos del BCU proponen extender aun más los plazos de devolución.

Si el proyecto no es aprobado antes del viernes (fecha en que finaliza una nueva prórroga para los bancos suspendidos), existirá una nueva prórroga en la suspensión de los bancos ya que la suspensión no puede ser levantada si la ley no es aprobada.

En el caso del Banco de Crédito, como la ley contiene el capítulo de reprogramación de depósitos, tampoco podrá reabrir, hasta que el proyecto no tenga la confirmación del Poder Legislativo.

Los bancos restantes nunca más reabrirán y pasarán a formar parte del proceso histórico. De la suspensión pasarán directamente a la liquidación.

Carteras y ejecuciones

En el proyecto del nuevo banco se prevé que sólo pasen a él las carteras de deudores cobrables, mientras que los incobrables quedarán en la liquidación de las instituciones.

Esto hace prever que las ejecuciones aumentarán para esos deudores en el primer semestre del año próximo.

Cuando se proceda a la liquidación, aquellos que sean malos pagadores deberán responder con efectivo o sus garantías, ya que no podrán acogerse a ningún tipo de refinanciación.

Debido a esto en las últimas semanas ha comenzado una fuerte compraventa en el mercado paralelo de bonos. Se trata de aquellos que quieren adquirir los Eurobonos emitidos por el Comercial y el Montevideo.

Los que compran estos títulos (declarados en «default») lo hacen por un 20% de su valor. Su objetivo no es cobrarlos algún día, sino cancelar con ellos y a valor nominal las deudas.

El procedimiento es simple: por cada U$S 100 mil, se pagan U$S 20 mil y frente al banco el bono «correría» por su valor nominal, o sea U$S 100 mil. En conclusión, el deudor se ahorra un 80% de la deuda.

Pero el BCU no está permitiendo que se cancelen deudas con estos bonos, lo que ha llevado a una serie de protestas.

Los individuos o empresas que quieren realizar este tipo de operaciones fueron calificados por una fuente del equipo económico como «oportunistas». La intención del gobierno es mantenerse firmes en la postura de no aceptar bonos de los bancos suspendidos para cancelar deudas y sí el ejecutar las garantías.

Los bonos emitidos por el Comercial y el Montevideo (suman U$S 300 millones) entrarán en la liquidación de las instituciones.

Banco de Crédito mejora

Las perspectivas sobre el Banco de Crédito mejoraron en las últimas horas tras una oferta por parte del propietario del 49% de las acciones, St. George Limited (Grupo Moon).

El pasado fin de semana mejoraron su oferta, ya que se anunció que si no había un cambio en la misma se liquidaba el BDC y sus carteras cobrables y los depósitos pasaban al nuevo banco.

El Grupo Moon aumentó en U$S 18 millones su oferta, llevándola a U$S 160 millones, y presentó un plan consistente en la reducción de un 50% de la plantilla de sus trabajadores que es de 670 personas y el cierre de 8 sucursales, pasándose de 38 a 30.

Moon pretende adquirir la totalidad del BC comprando la parte de la Corporación para el Desarrollo y pagándole al Estado lo que puso para la devolución de los depósitos a la vista (U$S 124 millones) en un plazo de cinco años. La propuesta se acerca a lo que pretenden los técnicos del BCU aunque hoy siguen existiendo dudas sobre la operación. *