ALCA y TLC: un espejo cercano

 

Cuando en cierta oportunidad, no muy lejana, en nombre de nuestra fuerza política, tuvimos el honor de proponer medidas, aunque fuera tan solo paliativas del creciente deterioro social, y fuimos interpelados acerca de su financiamiento, respondimos que había que invertir el planteo.

Dijimos que lo importante era ponernos primero de acuerdo acerca de lo que se necesitaba hacer para la gente y luego abocarnos a obtener el financiamiento para hacerlo realidad hasta donde más se pudiera.

Por eso saludamos el Foro Social, porque constituye un espacio como el que reclamamos. Entre los múltiples temas allí tratados, uno de ellos interesa particularmente, porque pone de relieve todo lo que está en juego bajo los aspectos institucionales y legales del proyecto ALCA. De lo mucho que allí se aportó, de lo que allí aprendimos, recogimos algunos elementos que nos interesa compartir con los lectores en los próximos párrafos.

El contenido conocido del borrador del ALCA, tiene mucha similitud con el Tratado de Libre Comercio (TLC o Nafta) suscrito entre los gobiernos de EEUU, Canadá y México, además de reproducir algunas reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de registrar un fuerte parentesco con el fracasado Acuerdo Multilateral de Inversiones que, expulsado por la puerta de la OMC, quiere regresar por la ventana de este ALCA. Los contenidos más «fuertes» y perjudiciales del ALCA son equivalentes a los del tristemente famoso Capítulo XI del TLC. Este tiene ya más de ocho años de aplicación, y por lo tanto constituye un buen espejo para contemplar en él lo que podemos esperar del ALCA a la luz de las experiencias recogidas en América del Norte.

Inventario

El siguiente es un inventario incompleto de los perjuicios concretos, mensurables, existentes, que la aplicación del TLC ha venido arrojando. Tales perjuicios muestran la inevitable cara anversa de la moneda: corresponden a otros tantos beneficios que favorecen a las compañías multinacionales.

El TLC contiene disposiciones que permiten a las empresas transnacionales demandar a los gobiernos nacionales, regionales o municipales de los estados parte en razón de medidas adoptadas por éstos que, a juicio de tales empresas, determinen recortes de sus ganancias, o bien pérdida de sus beneficios presentes y aún futuros. Estos son sólo algunos casos notables:

La empresa estadounidense, Ethyl Corporation, obligó al gobierno canadiense a pagar 13 millones de dólares en daños y anular la prohibición de uso del aditivo de gasolina MMT –una sustancia tóxica que ataca el sistema nervioso. El argumento: las normas prohibitivas –adoptadas en defensa de la salud de la población– privaban a la reclamante de beneficios comerciales esperados infringiendo de este modo la protección de las inversiones articulada por el TLC.

La cadena canadiense de funerarias, Loewen Group, invocó las normas de protección de las inversiones del tratado para demandar al gobierno de Estados Unidos el pago de 750 millones de dólares por concepto de «daños» después de que una corte del estado de Mississippi declaró a Loewen culpable de prácticas maliciosas y fraudulentas y de acosar indebidamente a una pequeña competidora local. Loewen argumentó que la simple existencia de un sistema judicial estatal, con competencia para juzgar ese tipo de actividades y condenar a empresas inversionistas extranjeras, representa una violación de sus derechos según las normas del tratado. Otra compañía norteamericana, Metalclad Corporation, demandó al estado mexicano de San Luis para que permitiera la construcción de un depósito de desechos tóxicos. Metalclad argumentó que la ley mexicana que establece áreas protegidas y prohíbe la realización de este tipo de depósitos es una medida equivalente a la expropiación de la empresa inversionista. El caso fue decidido a favor de la compañía y los residentes del estado tuvieron que pagar a Metalclad 16 millones de dólares como compensación.

La apertura pactada en el TLC incluye los mercados agrícolas. En este terreno las asimetrías son notables. De una parte, Estados Unidos continúa manteniendo el conjunto de las disposiciones legales que componen su sistema de protección, por lo que a su respecto la liberalización es mínima o inexistente.

De otra, los fuertes subsidios que ese país asigna a la producción agrícola, permiten invadir los mercados indefensos, como el mexicano, con excedentes y mercaderías de descarte, arruinando la agricultura local:

Al abrirse el mercado mexicano a la producción agrícola de Estados Unidos, se vio inmediatamente inundado con maíz barato –subsidiado en origen– y de mala calidad, desechado en origen.

Esto produjo un descenso acentuado en la calidad de la dieta de millones de personas y afectó en forma irreversible la actividad agrícola local, llevando a la quiebra a buena parte de los pequeños productores familiares, campesinos e indígenas que se vieron así expulsados del mercado interno, y finalmente, también de sus tierras.

Estos campesinos e indígenas cultivaban decenas de variedades locales de maíz bien adaptadas al medio, que al abandonarse las tierras y los cultivos se perdieron o desaparecieron, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria no sólo de los mexicanos sino de todos quienes en el mundo consumen maíz como parte de su dieta básica. El TLC alcanza también a los servicios. Entre ellos, los de carácter educativo, concebidos como una mercadería más.

Canadá está sufriendo desde hace un tiempo un verdadero «asalto» por parte de las corporaciones norteamericanas que operan en el área de la educación, la encaran como negocio e ingresan «a sangre y fuego» violando el tradicional enfoque de la sociedad canadiense que históricamente ha concebido la labor educativa como esencial para la preservación de la identidad nacional y como un medio de igualación social democrática y la encara con sentido de responsabilidad colectivo, con fuerte participación estatal.

Ahora, este enfoque nacional está siendo sustituido por un sistema individualista, fuertemente competitivo y asentado en la filosofía mercantil.

El interés público, como elemento inspirador del sistema, está siendo desplazado por la lógica de las ganancias y la ferocidad de la competencia. Ni hablar del desmerecimiento de los aspectos culturales que todo esto implica.

Con idéntica inspiración y contenido similar, el ALCA tendrá consecuencias semejantes a las que resultan de los casos expuestos.

Las empresas transnacionales mercantilizando todo lo que tocan y tocando todo lo que quieren, Amparadas ahora en nuevas normas que les otorgan «superpoderes»: cualquier regulación, cualquier limitación, cualquier prohibición, aún cuando tenga por finalidad preservar el ambiente, la salud pública o los valores básicos que una sociedad considera fundamentales y de identidad nacional, podrá ser considerada como una «expropiación» de ganancias actuales y aún futuras y dar lugar a compensaciones e indemnizaciones.

El poder público se minimiza y es arrinconado por el poder privado de los negocios.

El ánimo de lucro y acumulación privada se infiltran en lo más íntimo de la vida social y logra avasallar al interés general. Todo se mercantiliza, todo es absorbido bajo el rótulo de «negocios» o «inversiones». Esto ha sido y está siendo el TLC. ¿Esto será el ALCA? *