El Estado debe U$S 500 millones y nadie sabe cuándo los va a pagar

La Comisión de Proveedores del Estado, que funciona en el seno de la Cámara de Comercio decidió ayer salir a la opinión pública, reclamando el pago de U$S 500 millones que le deben diversas dependencias estatales. El Estado compró desde computadoras hasta papel para oficinas, pasando por autos y medicamentos, y no ha pagado nada.

El ministro Alejandro Atchugarry había señalado que en octubre se estarían normalizando el pago a los proveedores pero ello parece que no fue así. Uno de los integrantes de la comisión dijo ayer a LA REPUBLICA: «Salieron a repartir lo que les quedaba en la caja chica y llevaron a que deudores privados dijeran: si el Estado no paga, nosotros tampoco, por lo cual nos perjudicamos doblemente».

El presidente de la citada comisión, Gustavo Fierro, dijo que los atrasos en los pagos se han venido sucediendo en los últimos años pero la situación se ha agudizado desde los primeros meses de 2001.

Varias empresas han tenido que rebajar salarios, no cumplir en fecha con el pago de estos, efectuar envíos al seguro de paro o directamente cerrar, mientras ya anuncian que no pagarán en fecha el medio aguinaldo de diciembre.

Fierro dijo que «mientras los trabajadores del sector público no tienen el riesgo del desempleo, ni de la reducción de sueldos, ni de la postergación del cobro de los mismos, los trabajadores del sector privado soportan sobre sus espaldas el 100% del peso del desempleo, han sufrido una caída del salario real de casi el 20% en lo que va de la recesión y el cobro de sus haberes se han visto fraccionado y postergado muchas veces en razón de que el propio gobierno ha adelantado la fecha en el pago de impuestos».

Por otra parte consideró que «bajo ningún concepto» puede considerarse una solución para los proveedores del Estado, la reciente medida de canje de deuda estatal por impuestos, a la vez de indicar que se han incrementado los controles de las oficinas recaudadoras.

«No hay plata»

La principal preocupación de este grupo de empresarios, es que no se vislumbra en un futuro cercano una solución al problema.

El ministro Atchugarry ha reconocido que «no hay palta» por lo cual los proveedores se enfrentan a un difícil futuro. Mientras que los laboratorios internacionales anunciaron que se podrían retirar en masa del país debido a que el Estado debe millones de dólares, otros empresarios iniciaron juicio a diferentes dependencias estatales por los atrasos.

Asimismo son decenas las licitaciones que están siendo declaradas desiertas porque no se presenta nadie, ya que no se sabe cuándo se va a cobrar o los precios que se piden son de usura. En algunos sectores, como ser la Universidad, un proveedor del rubro papelería destacó la «sinceridad» que están impulsando en su llamado a precios. Se establece que recién se les pagará dentro de un año.

Una ley de 1999 establecía que los productos se pagarían a los 30 días, lo que llevó a una baja en las cotizaciones para el aparato estatal. Pero esa norma no se cumple y hay atrasos que alcanzan a más de un año.

Revendedores

En medio de toda esta situación ha surgido un grupo de «revendedores» que hoy día se muestran como casi los únicos participantes en las licitaciones. Estos son gente con capital y que están dispuestos a especular. Compran los productos a los antiguos proveedores estatales y después se presentan en las licitaciones. «Son grupos muy especiales, porque se arriesgan ya que no saben cuándo van a cobrar, pero tienen «resto» (dinero) y pueden esperar. Eso sí, terminan pidiendo precios de usura, y el Estado los debe pagar porque muchas veces son productos esenciales.

El Estado está comprando en las peores condiciones de su historia» confesó una fuente a LA REPUBLICA.

Los entes o empresas públicas son los únicos que están pagando en la actualidad. En la reunión de ayer se reconoció que en setiembre el Ministerio de Economía había prohibido pagar a los proveedores, inclusive a las dependencias estatales que tenían rubro. Esto fue denunciado oportunamente por LA REPUBLICA. La medida se habría tomado para que los números macroeconómicos cerraran ya que llegaba al país una misión del FMI. *