Estarían los votos necesarios para aprobar suspensión de ejecuciones

Reconociendo que «no existen propuestas concretas que nos alienten a creer que vayan a votarse soluciones a la brevedad», los deudores en dólares continúan con sus gestiones a todo nivel en busca de lograr pequeños avances. Convencidos de que la solución pasa en gran parte por una decisión de corte político han logrado ya los votos necesarios para que en la Cámara de Diputados se pueda votar una ley de suspensión de ejecuciones y acciones judiciales por 120 días.

Este es considerado un plazo «prudencial» que da respiro a los deudores pero a la vez «permite otorgar un crédito a las autoridades como para que tomen medidas que permitan ir reactivando la economía, porque sin reactivación no podemos pagar nuestras deudas con la gran desocupación y salarios deprimidos», sostuvo Ramón Lorente, uno de los voceros del Comité Ejecutivo del Movimiento Nacional de Deudores en Dólares.

Los deudores cuentan ya con los votos del Encuentro Progresista, Alianza Nacional, dos legisladores nacionalistas (Teixeira de Salto y C. González Alvarez de Colonia), Felipe Michelini del Nuevo Espacio y descuentan que contarán con los votos del Nuevo Espacio Independiente, pero tampoco se descarta que más legisladores nacionalistas se sumen a la propuesta ya que «en el gobierno de Sanguinetti, el Herrerismo votó una suspensión, en el de Lacalle el Foro votó una suspensión, y ahora que estamos en una crisis mucho más profunda es muy probable que se sumen a apoyarnos».

La Mesa, integrada por Eduardo Satorno, Fernando Duarte, Alvaro Debally, Marta Machado, Horacio Fernández y Ramón Lorente, informó también que el jueves 7 de noviembre presentarán formalmente en el Parlamento un proyecto de ley en el que se propone la suspensión de ejecuciones, tres fórmulas diferentes de reprogramación de deudas y cuatro de cancelación así como la conformación de franjas de pago que no superen el 25% de los ingresos del núcleo familiar.

Preocupa a los deudores la falta de propuestas concretas del gobierno ante una realidad que según un informe de J.P.Morgan es más que preocupante. En efecto, en 2001 la morosidad alcanzaba el 8% de los deudores, mientras que en setiembre de 2002 era del 40%, por lo que advertía que si no se toman medidas con los deudores, sus deudas van a ser incobrables.

Estabilizadores

«Al contrario de lo que algunos piensan e incluso han afirmado públicamente, nosotros no somos desestabilizadores, sino estabilizadores, toda nuestra movilización es para poder pagar. Si fuera al revés seríamos desestabilizadores. Además nos preocupa que se busquen soluciones para la banca suspendida y no para nosotros porque no entendemos cómo piensan salvarla sin darnos soluciones a nosotros de pago», afirmó Eduardo Satorno.

«No es cierto que nuestros intereses se opongan a los de los ahorristas. La única garantía y seguridad que pueden tener los ahorristas de recuperar su dinero es que los deudores podamos pagar» aclaró seguidamente Marta Machado. Los ahorristas continuarán peregrinando por todas las puertas del gobierno y de los partidos políticos a fin de explicar que la ley de suspensión de ejecuciones es un paso urgente que ya se debe tomar y para ello se reunirán una vez más con el subsecretario de Economía Max Sapolinsky este miércoles y con el presidente del BROU, Daniel Cairo, a fin de sensibilizarlos sobre este problema y explicar los alcances de sus propuestas de reprogramación que se concretarán en el proyecto de ley.

Los deudores entienden que ya otorgaron un plazo suficiente al gobierno y a los legisladores para que busquen soluciones de fondo ya que «cualquier esfuerzo que hagamos, refinanciando, asumiendo nuevos plazos, etc. será un esfuerzo en vano si no se nos brinda una solución de fondo ya que nadie sabe ni nadie nos puede asegurar el valor del dólar dentro de un mes, un año o tres años, por lo que no podemos asumir estas obligaciones libremente, ya que sin duda, dentro de uno, tres o cinco meses, no vamos a poder pagar, los bienes saldrán a remate y lo entregado en este lapso, lo perderemos en el mar de gastos e intereses que se generan ante una ejecución».

Los deudores ratificaron que quieren que el país se recupere y sortee «estos momentos tan difíciles», pero, también aclararon que existe voluntad de pago y advirtieron que si ello no ocurre como es el caso con el llamado a no pagar, se debe «a la alteración de las reglas de juego por parte del Poder Ejecutivo y por la ineptitud del resto de las autoridades competentes, si es que finalmente no tienen la capacidad y el compromiso necesario para alcanzar las soluciones posibles y justas». *