Sin distribución justa de la riqueza no se sale de la crisis económica

POR DANIEL OLESKER

 

Muchas son las formas que asume esto, simplemente recordemos las más notorias:

* Inexistencia de negociación colectiva y por ende fijación unilateral de las condiciones de trabajo por los patrones. (gráfico1)

* Contratos temporales que no incluyen salarios vacacionales, aguinaldos, etc y que de no ser renovados no generan derecho a despido.

* Tercerizaciones de todo tipo y transformación de asalariados en empresas unipersonales con las que se pierden beneficios sociales y se afecta la jubilación futura

* Figuración en planilla de trabajo por menor sueldo que el real, reduciendo los beneficios y la jubilación futura, cuando no directamente no figurar en la planilla de trabajo.

* Rebajas salariales e inexistencia de ajustes de salarios por tiempos indeterminados. En sectores de la industria, el comercio, la prensa o los servicios personales pueden pasar ya 3 años sin ajuste.

* Menor cobertura de accidentes de trabajo por incremento de los trabajos informales.

* Y la frutilla de la torta el proceso de desregulación laboral que se propone para el sector público en esta rendición de cuentas que consta al menos de:

* Por un lado se promueven las tercerizaciones sobre el cual necesario precisar que es una especie de «seguro de paro» por dos años, ya que es el plazo máximo que se autoriza a garantizar (y no siempre) la prestación del servicio al ex empleado público, con lo cual el destino final es incierto.

Es decir se tarta de transformar al empleado público en un «empresario» que ya no tendrá derechos laborales, ni aguinaldo ni licencia y sobre todo no tendrá más seguro su fuente de trabajo. (artículo 19)

* En segundo lugar inmediatamente de extender hasta el año 2015 el no ingreso a la función pública, habilita a la contratación de personas que «no tendrán la calidad de funcionarios públicos ni los beneficios que ello conlleva» y al mismo tiempo «no tendrá indemnización por despido ni derecho a seguro de desempleo, salvo que haya pasado los 24 meses de trabajo». Es decir trabajadores que puede llegar a casi 2 años de trabajo no generan ningún derecho de los previstos en nuestra propia legislación laboral. (artículos 40 a 42)

* En tercer lugar se vuelve a plantear la habilitación a los jerarcas a declarar excedentarios a parte de sus trabajadores, (Artículo 58)

* En cuarto lugar se sustituye el régimen de licencia, no pagando los tres primeros días de enfermedad y sólo el 70% los restantes días, pasando a un régimen similar al privado de la ex   DISSE, pero sin ninguno de los beneficios sociales de este sistema. (Artículo 77)

 

La lista es interminable y la cuantificación de estas situaciones elevadísima. Simplemente recordemos que más de 700 mil asalariados privados no tienen convenio y por ende no discuten su salarios ni sus condiciones de trabajo, que 400 mil personas no tienen derecho a seguridad social, entre las cifras más impactantes que muestran que el debate sobre la flexibilidad laboral lo ganaron las patronales por la vía de los hechos.

Y esto nada tiene que ver con la crisis vigente. En el medio del modelo de crecimiento de los años 90, la flexibilidad laboral se desarrolló como una estrategia deliberada de sustento del crecimiento económico.

Pero desde 1999 y en recesión la flexibilidad laboral se produce aún más por esta vía de los hechos.

La caída de la actividad, la crítica situación financiera de muchas empresas hace que éstas como siempre resuelvan el problema por el hilo más delgado: trabajadores despedidos o que deben aceptar rebajas en sus salarios para que esas empresas sobrevivan o que deben aceptar pérdida de beneficios sociales o salir de las planillas de trabajo.

Sin duda en un país con 225 mil desocupados (que serían bastantes más sin los emigrantes se quedaran el país), la «lógica del mercado» significa que si yo no acepto las condiciones de trabajo que se me imponen o si quiero organizar un sindicato para defender mis derechos, hay una larga colas de personas que están dispuestas a ocupar mi lugar, ello significa entonces una presión que debilita la fuerza de los trabajadores y trabajadoras.

Y el gobierno nada hace ya que enviar al Parlamento una ley de negociación colectiva y de fuero sindical o convocar a los Consejos de Salarios (que es una ley vigente e incumplida) es deber del Ministerio de Trabajo que incumple su misión fundamental.

Un Ministerio de Trabajo que se ha caracterizado en dos años y medio por hacer NADA.

Porque esa es la realidad verdadera, esa es la realidad del Uruguay de hoy,

Y no podremos en aras de la emergencia de salir de esta crisis y en particular del problema financiero hacernos cómplices de la versión del Uruguay pobre que debe esperar a crecer y ser competitivo para resolver los bolsones de miseria.

Pero la verdad es que el país que tiene, aún en el medio de la crisis, más de 5 mil dólares por habitante, no es un país pobre, sino que es un país de mala distribución de la riqueza.

Por ende el cambio en serio es el cambio del modelo y desde ya, desde el inicio, no en la «feliz espera» que nunca se concreta, mejorar la distribución del ingreso ya hoy con las riquezas que tenemos sin escudarse en una recesión que en nada prohibe redistribuir el dinero.

Tomando un trabajo que realizamos para Redes Amigos de la Tierra hacíamos los siguientes cálculos tomando como referencia un ingreso de 10 mil pesos para superar la pobreza y de 16.500 para llegar a la vida digna. Creo vale la pena repetirlo para convencernos nosotros mismos que es posible.

Decíamos que una primera etapa podría ser eliminar la brecha de la pobreza lo que implica llevar a todas las familias a un ingreso de 10.000 pesos.

El «costo» de esta medida sería del orden de 2 mil millones de dólares que equivale a un 12% del PBI uruguayo o a un 50% de sus ingresos públicos o al 20% de la deuda externa pública.

Si fijáramos una estrategia de eliminación de esta pobreza en 5 años, el costo sería del orden de los 400 millones de dólares por año, un 10% del presupuesto o dos terceras partes de lo que se gasta en pagar intereses de la deuda externa.

Una segunda etapa supone la llegada de todas las familias a la línea de dignidad. Una primera aproximación nos da un «costo» del orden de los 4 mil 500 millones de dólares 25% del PBI, el monto de los ingresos del Estado o al 40% de la deuda externa bruta.

Si fijáramos una estrategia de eliminación de falta de dignidad en 10 años necesitaríamos 548.408.878 dólares por año.

Finalmente si realizáramos una estrategia combinada de eliminar esta pobreza en los primeros 5 años y luego en 5 años eliminar lo que resta para llegar a la línea de dignidad la erogación mensual durante los 10 años será de 546.110.000 dólares, repito menos de lo que el país paga por intereses de la deuda.

Es decir que con lo que pagamos de intereses de deuda externa casi eliminamos la pobreza y accedemos en 10 años a la dignidad.

Y la forma de llegar a ese dinero es diversa:

 

* con parte de los intereses de la deuda

* con impuestos a las grandes ganancias

* con impuestos a las transacciones financieras de corto plazo

* con redistribución de gasto público de defensa o de relaciones exteriores, etc., etc., etc.

Conclusión: No es necesario esperar a crecer. Se puede repartir ya la torta. El problema es que quienes están en el poder representan a los bancos y a
las grandes empresas nacionales e internacionales y como para hacerlo hay que sacarle a ellos, no lo hacen y se escudan en una supuesta pobreza del país que no existe o que existe pero no para todos o en una recesión en la que «todos» (¿ellos también?) debemos sacrificarnos y varios argumentos más que escuchamos a diario y que a veces repetimos desde nuestras propias filas.

Es decir el problema es político y no podemos desde la izquierda avalar estas dificultades y hacer la vista gorda. Nuestra tarea es denunciar estas políticas y sus claros contenidos de clase. Porque el gobierno no cambiará la distribución del ingreso ni regulará y protegerá a los trabajadores, esa es nuestra tarea. *