La crisis cíclica: el dólar flota y el peso se hunde

Los colorados y Bordaberry en los setenta, los militares y Végh Villegas en los ochenta, los blancos, Ramón Díaz e Ignacio De Posadas en los noventa, y en el nuevo milenio el «divertido» gobierno de Jorge Batlle y su ministro Alberto Bensión, han adoptado decisiones en política cambiaria que, irremediablemente, tienen consecuencias sobre la población.

El pachequismo había declarado que no devaluaría. El general Gregorio Alvarez consideró «marcianos» a quienes temían por la «tablita». De Posadas pidió un «pálido sacrificio». Bensión ratificó hace sólo un mes la política monetaria.

Cada promesa y anuncio concluyó en un embuste a la población.

Un vistazo de lo que nos pasó en las anteriores modificaciones de política cambiaria pueden darnos una previsión de lo que puede ocurrirnos al comenzar, ahora, un nuevo tiempo en el que, en vez de flotar, el dólar promete «volar», mientras el peso uruguayo se hunde.

Los setenta: la devaluación

El 2 de marzo de 1972, en su segundo día de mandato presidencial, Juan María Bordaberry declaraba una devaluación del 100 por ciento.

El dólar en el mercado libre pasó a costar $ 800 (715 pesos en la compra). Con la legalización del mercado paralelo de cambios comienza el azote a la industria nacional: se deroga un decreto de 1971 que establecía recargos a las importaciones.

Consecuencias sobre la población: seis días después UTE aumentó sus tarifas en un 90 por ciento. Casi de inmediato, la Comisión de Precios e Ingresos (Coprin) aumenta los precios de los artículos de primera necesidad.

En abril, Cepal informa que en 24 países de América Latina, Uruguay fue el único que no tuvo crecimiento: retrocedió -1%.

Para fin de mes, se agudiza la escasez de artículos de primera necesidad.

El gobierno colorado vende parte de las reservas de oro, en forma secreta, para «paliar la afligente situación económica».

En los primeros seis meses del año el costo de vida aumentó 39,69%.

En agosto se anuncia la intervención de las Fuerzas Conjuntas en la represión de ilícitos económicos: hay denuncias desde en la importación de bananas hasta en las exportaciones de cueros.

Con octubre llega la Ley de Represión de Ilícitos Económicos: en noviembre el ministro Malet anuncia la coordinación de la Justicia Civil y la Militar contra los delitos económicos.

La inflación al cabo del año llegó al 94,7%: el Ministerio de Economía y Finanzas reconoce que los alimentos subieron un 53%.

Al inicio de la dictadura, en marzo de 1973, se revela que se vendieron en sólo meses, 20 por ciento de la reservas de oro del país.

Para junio el desabastecimiento alcanza al arroz, azúcar, yerba, jabón, carne, aceite y fideos, hay acaparamiento de querosene.

Una reunión entre delegados del FMI y jerarcas militares, exonera en un 100 por ciento la importación de materias primas e insumos, con lo que se anuncia con bombos y platillos el ansiado despegue. Llevará por nombre «Plan de Desarrollo 1973-1977″. Basado en el desarrollo del sector agropecuario, el plan se desmorona casi de inmediato: la negativa de la Comunidad Europea a aceptar nuestros precios de productos tradicionales, impedirá resolver el desequilibrio.

Los asalariados serán arrasados, pero la tortura, la muerte, alcanzaron tal horror, que las penurias económicas, hoy son casi olvido.

Los ochenta: la «tablita»

Cronometrado por algún siniestro mecanismo que a nadie parece casual, diez años después los militares de turno se jactaban incluso de beneficiar directamente al sector financiero. La consolidación del tipo de cambio prefijado, conocido popularmente como «la tablita», era una panacea absoluta: resultaba más fácil especular a partir del «dólar barato» que tener actividad productiva. El retraso cambiario que beneficiaba la importación y reducía las exportaciones iba tomando forma.

No obstante, factores coyunturales como el «boom» de la inversión argentina en Uruguay (principalmente en la construcción puntaesteña), sumado al auge del turismo y alguna mega-obra (como Salto Grande) habilitaron un crecimiento entre 1979 y 1981.

Ello sustentó la fanfarria cívico-militar sobre consolidación y los empresarios se endeudaron a límites inconcebibles. El sector agropecuario, para 1982, debía a los bancos casi un año y medio de producción; la industria manufacturera debía una vez entera su producción anual. La especulación se desborda: el Estado debe intervenir para mantener la tablita vendiendo dólares. Se pierden 600 millones de reservas. En noviembre de 1982, después que el dictador Gregorio Alvarez anunciara que era de «marcianos» pensar en la caída de la tablita, la tablita cae.

Los más beneficiados fueron quienes debían en pesos y vendían al exterior en dólares; los más perjudicados: los endeudados en dólares que internamente venden en pesos. Los salarios se desmoronan, la desocupación y la morosidad crecen.

Al año siguiente, la recesión alcanzó las peores cifras del período dictatorial: con ella se intentó mejorar la balanza de pagos del país, pero lo único que en realidad se obtuvo fue la devolución de algunos papeles ya vencidos que debíamos al Fondo Monetario Internacional. La censurada prensa de aquellos días calificó la compensación de vencimientos de logros ante el FMI. Hoy, algunos la califican igual. Y ni siquiera hay censura.

Los noventa: la «banda de flotación»

El control de la inflación mediante una utilización discrecional de la política cambiaria se constituyó en un medida central para el gobierno de Luis Alberto Lacalle a partir de su asunción como presidente el 1 de marzo de 1990. La instrumentación de un régimen cambiario basado en la cotización del dólar dentro de una banda de flotación preestablecida fue la estrategia aplicada en su mandato.

El llamado plan de estabilización de precios se erigió en un anclaje a través de la política cambiaria para contener la inflación y bajarla.

La medida, polémica desde un primer momento, se aplicó junto a un criterio fiscal que determinó una acentuada apertura de la economía.

La inflación fue relativamente abatida. Un dólar barato favoreció la importación en gran escala de productos importados de bajo precio que, como era de esperarse, abatieron los precios del mercado interno.

Uruguay ya no volvería a ser el mismo: góndolas y escaparates desbordarían de mercadería extranjera, constituyéndose en una seria amenaza a la producción nacional.

Tal vez envalentonado por el relativo éxito obtenido, el gobierno Lacalle siguió aplicando su política y achicó la amplitud de la banda de flotación. La inflación se redujo aún más. El dólar estaba cada día más barato.

No obstante, el abatimiento de la inflación produjo a corto plazo alegría en unos muchos, pero generó a mediano plazo serias precupaciones en algunos pocos que, significativamente, tienen un peso especial en la economía: los exportadores.

Y la voz del sector exportador se hizo sentir. Uno tras otro fueron denunciando la instalación en el país de una notoria y a la vez, ya se veía venir, una irreversible pérdida de competitividad.

La respuesta que dieron los sucesivos gobiernos de Julio María Sanguinetti ante la inquietud de los exportadores fue muy precisa: el equipo económico amplió la banda para buscar mayor competitividad.

Los dos mil: adiós al «cambio fijo»

El mandato de Jorge Batlle modificó una vez más el ancho de la banda. Ocurrió en junio de 2001. La flotación se fijó en un 6%. Se permitió mayor volatilidad
en el precio del dólar, pero en nada se modificó el piso de la banda.

En enero de 2002, el gobierno Batlle ratificó la política cambiaria que había fijado. Fue una de las tantas veces en las que se alentó a los uruguayos a confiar en el rumbo del actual equipo económico.

El mantenimiento de esta política cambiaria estuvo sustentado en que los principales compradores de Uruguay (Argentina y Brasil) mantenían políticas cambiarias similares. Los tres socios del Mercosur vivían casi en una «isla económica» ya que en el resto del mundo los países devaluaban cada vez más. En consecuencia Uruguay, Argentina y Brasil quedaban fuera de los mercados.

El primero en abandonar esta política de cambio fijo fue Brasil en 1999. Las consecuencias de la medida se vieron atenuadas por el escaso endeudamiento interno en dólares. Brasil se vio favorecido, además, por un importante incremento en las exportaciones.

El «efecto samba» terminó perjudicando a los demás países del Mercosur. Argentina en 2002 terminó por modificar una convertibilidad de diez años entre el peso y el dólar, en medio de una crisis económica y política en la que había caído el presidente Fernando De la Rúa, se instaura un «corralito» sobre los depósitos bancarios de la población y se genera un grave estado de tensión social.

En enero de este año el equipo económico ratificó la política cambiaria sosteniendo que eso garantizaba la confianza y la credibilidad de los mercados. Pero volvió a ampliar la banda de flotación que pasó de 6% a 12%

Ahora, es Uruguay quien, como furgón de cola, termina con su política de «flotación». Se produjo una devaluación que en un inicio es del 20 por ciento. *