Si de responsabilidad fiscal hablamos…

No es cierto que por un problema de responsabilidad fiscal los economistas estemos divididos en dos bandos. Se ha dicho que mientras para unos lo primero es el déficit fiscal, para otros lo esencial es el sector real de la economía, compuesto por el nivel productivo, la inversión, el consumo y el empleo, entre otras variables de ese tipo.

No es así, y con esto constatamos una vez más que las falsas contraposiciones están a la orden del día. Ningún economista que se precie puede desconocer la estrecha interrelación entre las variables del sector real de la economía y las variables financieras.

Si alguien cree que el fin último de la política económica es meramente obtener el equilibrio en los aspectos financieros, ese alguien está muy enfermo y estaría mal de nuestra parte que lo asimilásemos a una corriente de opinión. No obstante, llama la atención que no sea más consensual la opinión acerca de que la reactivación no va a obtenerse sino a acentuarse bajando el gasto y especialmente la inversión pública, y acerca de que el déficit fiscal es consecuencia y no causa de la crisis.

Pero, los que así pensamos, nunca dejamos de considerar que un desequilibrio fiscal agudo y permanente puede causar importantes disturbios sobre la actividad real de la economía. No se puede desconocer que el actual déficit, largamente superior al 4% del PBI, luego de tres años de moverse en torno a ese porcentaje, es un serio problema a solucionar. Por supuesto que debemos tener responsabilidad fiscal en ese sentido. Y por eso mismo, desde el momento que se discutía la reforma de la seguridad social, que fuera finalmente aprobada en 1996, estuvimos en contra. Dijimos que, por encima de todo, sancionar esa ley era una gran irresponsabilidad fiscal, independientemente de sus otras implicancias, con la mayoría de las cuales tampoco estábamos de acuerdo. Porque en momentos en que el BPS tenía un significativo déficit, se decide que resigne U$S 200 millones anuales de su recaudación genuina para entregárselos a las AFAP, con el fin de generar ahorros personales capitalizables, fuentes de una futura renta jubilatoria personal, acorde con lo aportado.

Pasaron seis años

Y en efecto, a casi seis años de tal reforma, se han acumulado más de U$S 1.000 millones que restaron a los recursos con que el BPS debió seguir atendiendo el pago de pasividades u otras prestaciones a activos. Porque, ¿cómo de otra forma se iba a pasar de un régimen de reparto a uno de capitalización individual? Pues la imprudencia fiscal derivó en mayor asistencia financiera al gobierno (mayor requerimiento del denostado gasto público) y a su vez, esa superior asistencia se financió con endeudamiento en moneda extranjera del sector público.

Por lo tanto, el costo real de la transición no residió sólo en los U$S 200 millones anuales menos de recaudación, sino en los intereses crecientes que hubo que pagar por el endeudamiento, en rápido ascenso.

En todo caso, semejante irresponsabilidad fiscal, debió responder a un objetivo trascendente.

Si éste radicó pura y exclusivamente en el objetivo individualista de aportar para uno mismo y que no existiera redistribución alguna en la seguridad social, creemos que estamos en presencia de un gran retroceso, no sólo en el plano económico, sino en el plano humano.

Pero junto con ese objetivo, hubo otro, no tan lamentable. Consistió en generar las bases de un ahorro interno tal que pudiese independizar al país de los condicionamientos externos al momento de encarar proyectos de inversión productiva o grandes obras de infraestructura. Pero entonces, ¿por qué se rasgan las vestiduras cuando proponemos una cierta canalización obligatoria de los fondos que administran las AFAP, hacia planes de vivienda u otros de obra pública? Y peor aun: ¿por qué se insiste en querer aplicar en el exterior los recursos administrados por las AFAP?

Doble discurso intolerable

A este punto, el doble discurso ya es intolerable. Para que se aprobase la ley se argumentó sobre la conveniencia de generar ahorro interno. Ahora, después de que se ha constituido cierta masa de recursos, se lo niega al desarrollo nacional y se lo pretende ofrecer para que contribuya al desarrollo de otros países o a la mera especulación financiera. En suma, no hay economistas fiscalistas o no fiscalistas. En todo caso, la Facultad de Ciencias Económicas no forma meros tesoreros. En cambio, hay quienes hablan mucho de responsabilidad fiscal y, como en este caso, mantienen el mismo comportamiento imprudente que desquició el Estado con prácticas clientelistas. *