Insistirán con suspensión de ejecuciones

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes aprobó el pasado martes por mayoría y con salvedades, el proyecto de ley del Nuevo Espacio Independiente (NEI), a través del cual se establece que los deudores del sector agropecuario tendrán derecho a solicitar en la sede judicial, donde esté radicado el expediente del juicio ejecutivo, «una audiencia».

En tal sentido el NEI propone que todos los deudores tienen derecho a solicitar en la sede judicial, donde esté radicado el expediente del juicio ejecutivo, «una audiencia para poder conversar el deudor y el acreedor con respecto a la situación planteada y, eventualmente, ver si se puede llegar a una fórmula de acuerdo».

Plantea además que, si el acreedor es una institución financiera privada, el Banco República (BROU) «también pueda participar de la audiencia, la cual tendrá que ser notificada por parte del juez con diez días de anticipación a la realización de la misma».

«El sentido de esto es generar un mecanismo por el cual tendríamos un tratamiento particular para cada caso. Además, se le da la posibilidad al BROU de interferir y generar las políticas desde el punto de vista de las finanzas vinculadas a la producción agropecuaria que el Ejecutivo entienda convenientes para salir de la situación de crisis del país», señaló el diputado del Nuevo Espacio Independiente, Ricardo Falero.

Sin embargo, la propuesta se aprobó a los efectos de que contara con la mayoría necesaria y, en ese sentido, tanto el Encuentro Progresista Frente Amplio como Alianza Nacional plantearán en el plenario de la Cámara –la semana próxima–, las salvedades correspondientes.

La intención del Encuentro Progresista Frente Amplio y Alianza Nacional es habilitar el debate en Cámara para defender el proyecto a través del cual se suspenden, hasta el 31 de diciembre próximo, los remates judiciales y extrajudiciales de bienes embargados del sector agropecuario, que presentaron varios legisladores del Partido Nacional y al cual se opone rotundamente el Partido Colorado, el NEI y parte del Partido Nacional.

Gobierno se opone

Pero la tercera parte de la historia la compone la propuesta que realizó el equipo económico de gobierno referida a que la refinanciación con la banca privada es para deudores de hasta 300 mil dólares a través de la compra de bonos del tesoro con un valor del 75 por ciento, para cancelar en 60 días toda la deuda, los intereses, o hasta el 50 por ciento de los mismos.

El Ejecutivo se opone a que este tema sea saldado a través de una ley.

Esta iniciativa, que algunos parlamentarios nacionalistas la consideran «aceptable», tendría que ser acordada entre los legisladores de la coalición de gobierno y reglamentada por el Ejecutivo, pero los productores la rechazan de plano.

No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo del EP-FA, Nuevo Espacio y Alianza Nacional, a quienes se podría sumar algún otro legislador herrerista, como sucedió con el proyecto de ley que establecía el IVA a frutas, hortalizas y flores, produciendo nuevas discrepancias entre los herreristas.

En ese sentido, el pasado martes el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, se reunió con la bancada de diputados del sector «para tratar de convencerlos a que no voten una ley de suspensión de ejecuciones», indicaron fuentes de la colectividad.

Productores: prohibido entrar

Durante la discusión de las iniciativas en comisión, se dispuso de un fuerte control policial para impedir que productores rurales ingresaran al Edificio Anexo al Poder Legislativo donde estaba reunida la comisión parlamentaria.

Sin embargo, muchos productores ya habían ingresado al edificio y reclamaron con vehemencia al diputado Guido Machado (Foro Batllista) que votara el proyecto de ley de suspensión de ejecuciones, para lo cual apelaban a su «sensibilidad», «porque está en juego la viabilidad del sistema productivo del país».

«Los tiempos de los legisladores no son los mismos tiempos de los que disponen los productores, porque mientras ustedes discuten a nosotros nos ejecutan. ¡Por favor!, voten la ley de suspensión de ejecuciones para llevar tranquilidad a nuestras familias y después seguimos discutiendo y mejorando la misma», reclamó un productor visiblemente angustiado.

El presidente de la Federación Rural del Uruguay, Gonzalo Gaggero, indicó que a los productores rurales sólo les convence la suspensión de ejecuciones por 180 días hasta tanto se busque una solución definitiva al endeudamiento.

«Pedimos a los diputados que den a conocer la lista de los grandes deudores del agro, porque quizás nos llevamos una sorpresa al ver que esos deudores tal vez hayan sido protegidos del sistema político y que por eso no les remataron sus bienes», añadió.

Para el diputado Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular), «el problema es el endeudamiento de los productores, porque en Uruguay hace falta una ley que considere la forma en cómo los productores endeudados deben ponerse al día. El gobierno no quiere que la discusión tenga estado parlamentario».

«No puede ser que el sector agropecuario del Uruguay tenga un endeudamiento que es el 127 por ciento del producto bruto agropecuario, o sea el sector debe más de lo que produce en un año», sentenció el legislador. *