FMI busca "reformas estructurales"

GONZALO RIET

 

El operativo blindaje financiero que comenzó hace unos 20 días cuando se anunció la visita del economista chileno Enrique Aninat, número tres del FMI, aún no ha finalizado. Más allá de los cantos de sirenas y anuncios realizados por voceros gubernamentales, «el dinero aún no está, eso se resolverá en una reunión a mediados de junio» en la que se analizarán los informes de las dos misiones que visitaron nuestro país en el corto lapso de quince días.

Para que se convierta en realidad vinieron dos misiones. Primero Aninat que auscultó la situación política y el sentir de los partidos políticos, un elemento que no es menor si se tiene en cuenta los errores que en ese sentido ha venido cometiendo en el mundo entero el FMI.

Acá se recogió consenso en «salvar al sistema financiero» aunque no para otras cosas, pequeños detalles como el ajuste fiscal, pero para el organismo internacional con eso alcanza, repitiendo esta vez errores cometidos en otras partes. Para el FMI la gente no cuenta y por eso no jerarquizó en qué medida se podrá ejecutar el ajuste fiscal que se le presentó con la promesa que estarían los votos de colorados y blancos. No se tuvo en cuenta la oposición social y política que ha despertado y los enormes dolores de cabeza que implicará al gobierno su instrumentación.

Tampoco se valoró la idoneidad del ministro Bensión que lleva ya tres ajustes fiscales y que no ha logrado nada, salvo empeorar la situación.

La segunda misión, encabezada por el director del FMI para el Hemisferio Occidental, Claudio Loser, puso los pies en tierra y revisó a fondo las cuentas, de manera de evitar que una vez más, como ha sucedido en tantos países, le vendan gato por liebre. Además anunció públicamente que hará un cheqeo mensual de la marcha de la economía y en particular del ajuste fiscal, una amenaza que como herramienta de trabajo es nueva, al menos para nuestro país y que debe interpretarse como la prueba fehaciente de la escasa confianza que les merece la conducción económica.

Aprovechando la oportunidad, replantearon una vieja aspiración fundamentalista del FMI relativa a la imperiosa necesidad de privatizar las empresas del Estado y desmonopolizar.

La primera consideración importante es que el FMI aún no ha podido demostrar que las privatizaciones son necesarias o indispensables. De todas maneras, se insiste en el tema y el gobierno nacional deberá dar una respuesta satisfactoria sobre ello. El gran dilema es si lo podrá llevar adelante sin profundizar el gran quiebre que hoy existe en la sociedad.

Loser se jugó al ajuste fiscal, «es el que realmente va a poder consolidar la situación» sostuvo y evitó formular declaraciones sobre lo que eufemísticamente se denomina «reformas estructurales» y que en buen romance refiere a privatizaciones y desmonopolizaciones. Consideró que con la ayuda del FMI se recuperará la estabilidad en el sistema financiero y coincidió con el gobierno en que todo se debe a causas externas ajenas a una conducción económica que ha dejado de lado la producción nacional.

El blindaje

Los 1.500 millones de dólares que liberará el FMI se añaden a los 847 millones aprobados en marzo pasado, en derechos especiales de giro, y a los 187 millones que simultáneamente se liberaron de otro préstamo que Uruguay no había utilizado en los últimos ocho años.

Paralelamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial informaron que darán créditos a Uruguay para apoyar el «blindaje», lo que permitirá al país obtener una ayuda exterior superior a los 3.000 millones de dólares.

La misión del FMI estudia con el gobierno las nuevas metas del país y la corrección de la carta de intención, porque los resultados que se esperaban para el segundo semestre de este año no son los previstos.

El país no crece desde 1999, a consecuencia de la devaluación del real brasileño. Si en aquel momento se hubiera devaluado acompañando a Brasil, otra sería la realidad hoy. La recesión se agravó con la crisis de Argentina, tras una caída de las exportaciones por unos 400 millones de dólares y la reducción a la mitad de los 650 millones que Uruguay obtenía anualmente por el turismo proveniente de ese país.

Pero esa crisis no había logrado sensibilizar al gobierno ni le había motivado a buscar recetas anti-recesivas hasta que perdió entre enero y abril pasado unos 1.570 millones de dólares de las reservas, equivalentes al 47 por ciento del total, por la retirada por parte de los bancos privados de sus fondos en el Banco Central, para afrontar la cancelación de los depósitos de ahorristas fundamentalmente argentinos. *