Empresarios proponen un Pacto para el Crecimento y el Desarrollo

Convencidos de la necesidad de constituir un ámbito de diálogo social, los empresarios agrupados en CEDU, que nuclea a centros y asociaciones comerciales e industriales de todo el país, presentaron una propuesta de unidad nacional que incluye al empresariado, el Poder Ejecutivo, todos los partidos políticos, las instituciones financieras y la banca off shore en la búsqueda de un crecimiento productivo. Junto con esta propuesta le fue entregado al Dr. Carlos Ramela, quien está conversando con todas las fuerzas vivas del país en representación del presidente Batlle, una propuesta de Pacto para el Crecimiento y el Desarrollo y tres proyectos de ley sobre libre competencia, regulación de apertura de grandes superficies comerciales y facultades al Ministerio de Vivienda y al BHU para utilizar 57 fábricas inactivas y construir viviendas allí.

El planteo empresarial pone arriba de la mesa cuatro puntos que consideran indispensables para la recuperación nacional: claras políticas de reactivación económica, medidas sostenibles de equilibrio fiscal, reforma enfática del funcionamiento del Estado y un rediseño adecuado de los gastos del mismo poniendo énfasis en los gastos productivos.

Economía de país africano

La caracterización que realiza CEDU de la situación del país pasa por comprobar que Uruguay ha tenido en los últimos 100 años una tasa de crecimiento del PBI per cápita del 1%, «un índice extraordinariamente bajo». Señalan que un estudio del economista Luis Bértola -que analiza desde 1870 a 1988- sostiene índices de crecimiento de ese tenor y que otro estudio complementario del economista Fernando Lorenzo que se extendió hasta 2001, arroja los mismos índices.

«Esto implica que se necesitan 70 años para que se duplique el ingreso, o sea, para duplicar el nivel de vida actual de los uruguayos, esto revela una economía de escaso dinamismo, sólo comparable a países africanos».

A ese escaso crecimiento debe agregarse que existe «una fuerte evasión y parece instalarse la cultura del informalismo y la ilegalidad», advirtiendo que «si esa lógica se instala finalmente, serán «necesarias varias generaciones para superarla» y entonces tendremos coexistiendo dos realidades: «una economía formal, mínima y aportante al Estado y una enorme economía subterránea, informal, sin aporte al Estado pero que demanda gastos de éste como en educación, justicia, seguridad y salud».

Mortandad de empresas

CEDU recuerda que Uruguay presenta «un alto índice de mortandad de empresas» especialmente en el Interior donde el proceso es «grave y afecta la trama social y familiar de las sociedades». En el último año las ventas en el Interior cayeron entre un 30% y un 40%, generando quiebras, desempleo, créditos impagos y afectación de la cadena de pagos y el sistema financiero.

Al mismo tiempo advierte que tenemos un quinto de la población en niveles de pobreza por lo que son personas que no consumen, no aportan y alimentan el circuito de la informalidad y precariedad tanto laboral como empresarial.

Asimismo el país cuenta con un escenario político «altamente polarizado que le impide la construcción de consensos» lo cual, si no logra superar, «el país no avanzará, más bien se deteriorará».

Otro elemento que destaca CEDU como negativo y digno de destaque es que «el Uruguay es el único país en el mundo que ha aprobado tres ajustes fiscales en dos años y medio con una inercia recesiva perversa» por lo que se hace imprescindible «quebrar consensuadamente ese círculo perverso e ingresar en una lógica virtuosa de reactivación».

Al tiempo de recordar que tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el director de Dinapyme, contador Carlos Luppi, afirman que las Pymes son las herramientas más idóneas para combatir el desempleo y enfrentar la crisis actual, CEDU afirma que «nuestro país no soporta más salvatajes de bancos, porque así empeñamos las generaciones futuras.

Se necesita una fuerte y moderna supervisión del BCU y un seguro de garantía para que las asistencias sean equilibradas entre el sector público y el privado».

Como final de su planteo los empresarios plantean casi desesperadamente «por todo esto, por mucho más y porque nos vamos quedando sin gente y sin ánimo para luchar es que junto a la Concertación para el Crecimiento, la Confederación Empresarial del Uruguay propone un Pacto para el Crecimiento y el Desarrollo que involucre al Poder Ejecutivo, a todos los partidos políticos y fuerzas empresariales y sindicales».

Se destaca que ante la proximidad de la Rendición de Cuentas a fines de junio, habría que transformar a ésta en un legítimo escalón hacia ese pacto, que debe ser «un pacto por una política de Estado para el crecimiento y el desarrollo, un pacto que cambie el stock de desánimo existente hoy, por un enorme volumen de esperanza y optimismo».

Advierte al final que «el verdadero riesgo país es no alcanzar ese pacto con alcances estratégicos». *