Ahora vamos a extrañar eso que no utilizamos

Con el dictamen de ayer finalizaron cuatro años en los cuales Uruguay compartió con Chile, Costa Rica y Colombia  hasta el año pasado–, la categoría de país apto para la inversión «no especulativa». Desde el 7 de febrero pasado México sustituye a Uruguay en ese terceto de países potencialmente privilegiados por los fondos de pensión e inversión y por los grandes inversores institucionales del mundo. Desde hoy Uruguay se borra automáticamente de las pantallas que recorren los inversores que buscan colocar sus fondos en equilibrios de rentabilidad máxima y riesgo mínimo. Eso es así y su comprensión entera formaba parte de esas grandes asignaturas pendientes que la educación formal y la cultura política de este país se deben.

En un mundo azotado por el riesgo, la precipitación de un país en el bolsón de los países con dudosa capacidad de pago dista de ser sólo un problema de mayor costo del endeudamiento futuro; es esencialmente la inclusión del país en un área en la cual los especuladores buscan tasas de retorno de sus inversiones muy elevadas, tan elevadas como el riesgo que asumen. Si el investment grade del 97 catapultó la esperanza de ser un país en serio, la pérdida de ayer retrotrae al Uruguay a un momento aun peor que el primer quinquenio de la maldita década de los ochenta.

Pero lo peor de todo no es lo que pensarán y harán los inversores internacionales (y los residentes obviamente) a partir de mañana. Lo más amargo será la indiferencia con la cual recibirán la noticia los hombres y mujeres cuyos salarios, ahorros y ocupaciones se verán afectados con la mala nueva de ayer. Insisto, perder el investment grade no implica sólo tener que pagar diez o veinte millones de dólares más de servicio de la deuda que el gobierno deberá emitir en 2002.

Ahora hay un riesgo país «soberano» que opera como una sombrilla a cuya sombra los proyectos productivos de las empresas uruguayas que requieran financiamiento y asociación con capitales externos van a ser duramente castigados. Y con ello el empleo y los precios que termina pagando la población.

En lo sustancial el dictamen de S&P descalifica la capacidad de pago de Uruguay para la deuda en moneda extranjera de largo plazo.

De BBB- (grado de inversión no especulativa con tendencia negativa), la nota pasa a ser BB+ (grado de inversión especulativa) de bajo riesgo pero especulativa. La fundamentación del dictamen repara en la debilidad de la economía uruguaya para neutralizar los choques externos, deterioro fiscal, incapacidad para crecer (los tres datos ya conocidos que habían generado ya la introducción del matiz (tendencia) negativo en la nota BBB-. Y ahora S&P introduce un explosivo reconocimiento de la «fragilidad del sistema financiero». La discusión de la praxis profesional y la oportunidad del dictamen de la Calificadora desbordan los límites de esta apresurada nota. Empero, lo que no puede ser soslayado en una primera reflexión es la enorme responsabilidad que tiene la coalición de gobierno en mantener una discusión esquizofrénica y partidizada a extremos irracionales en un momento en el cual Uruguay se estaba jugando parte importante de los créditos que ahora ha perdido. La responsabilidad del resto de la oposición desborda también los límites de este artículo pero, en todo caso vale adelantarlo, es sustancialmente menor a la de la coalición. *

Ahora habrá que esperar los dictámenes del resto de las calificadoras, con tenues esperanzas de que no sigan el camino de S&P, y después habrá que comenzar a modificar algunos programas elementales a ver si nos entendemos en cuestiones tan básicas como ésta.

* En el dictamen de confirmación del investment grade que la misma S&P liberara en mayo de 2001, la ratificación de la buena nota se basaba en «la capacidad del gobierno de Batlle de dar la vuelta al deterioro fiscal reciente de Uruguay, a pesar de los prospectos de crecimiento débil a corto plazo…» *