Solicitan poner fin a subsidios a empresas armadoras uruguayas

Estas empresas comercializan las marcas Dacia, Daewoo, Daihatsu, Hyundai, Kia Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru y Tata.

Cadiva encargó a un grupo de economistas un estudio exhaustivo del régimen de subsidios de la industria automotriz nacional que será presentado en los próximos meses al gobierno y a los medios de prensa.

El directivo de Cadiva, Gonzalo Amorín, dijo a LA REPUBLICA que las tres empresas armadoras recibieron entre 1998 y 2001 más de 41 millones de dólares de subsidios (que a partir de 1999 pudieron aplicar al pago de todo tipo de impuestos) determinando que «la profunda crisis que atraviesa nuestro país no ha sido enfrentada por todas las empresas automotrices en el mismo plano de igualdad».

El empresario entendió que «los armadores tienen beneficios que ningún sector de la economía obstenta y consideró que el costo encubierto de estas empresas lo pagamos todos los uruguayos».

Indicó que los subsidios permitieron a las empresas armadoras aumentar significativamente su participación en el mercado en los últimos años y llevan a que «algunas marcas puedan comercializar sus vehículos en el mercado interno a precios de ruina para el resto de los representantes de marcas que no han recibido dichos beneficios».

«En algunos casos los valores se encuentran entre 10 y 20% por encima de los precios que comercializamos nosotros. Esto ha determinado una importante pérdida del mercado de Cadiva que en 1997 vendía el 25% y bajó a 7% en el 2001″, afirmó Amorín.

 

«Pretendida fabricación nacional»

«El sistema funciona de modo absurdo. El armador nacional importa con un tratamiento arancelario preferencial el vehículo desarmado, pero a un precio 20% superior al totalmente armado en origen, ya que es más costoso para una línea de producción industrial exportarlo desarmado y debidamente empacado».

«En Uruguay se sueldan y ensamblan las partes, se pinta la carrocería, y se incorpora un mínimo de autopartes de fabricación nacional, todo esto a un costo evidentemente mayor que la fabricación en origen. Esto no tiene otra explicación que evitar el elevado arancel de importación de Argentina o Brasil para vehículos de extra-zona. Estamos frente a un típico caso de desvío de comercio por barreras arancelarias y no de creación de valor», explica un comunicado de Cadiva.

Más adelante agrega que «las exportaciones de vehículos armados en Uruguay generan certificados de exportación por un monto de 10% del valor FOB de acuerdo a las cifras exportadas». «Con estos certificados, desde 1999 y comprendiendo a las exportaciones del año anterior, se les permite pagar todo tipo de impuestos generados para la importación y comercialización de automotores importados totalmente armados en origen (Francia), con lo que se consagra una competencia desleal y se monta una pretendida «fabricación nacional», cuyo único cometido es obtener subsidios impositivos para la importación».

Cadiva explica que «las concesiones de exoneraciones o de subsidios implican un sacrificio económico que realiza la sociedad en su conjunto con la finalidad de alcanzar determinadas metas u objetivos» entendiendo por tanto que «ello a su vez impone el deber de las autoridades de evaluar constantemente las metas para verificar si el sacrificio realizado por el Estado está dando los resultados esperados».

Señala también que «el particular tipo de ensamblado que se realiza localmente y la escasa integración nacional de partes, explican el hecho de que no se haya generado un número significativo de puestos de trabajo» en las plantas armadoras.

Concluyen que «de verificarse los extremos expuestos, podríamos estar ante una suerte de virtual ‘fabricación nacional’, montada con la única finalidad de subvencionar importaciones y de esa forma poco a poco tener cautivo a todo el mercado interno». *