Empresarios del calzado arremeten contra el ex presidente

Cuestionan decreto de Sanguinetti

Para los empresarios de este sector, el decreto contiene errores y omisiones, mientras que la Cámara de Comercio remitió al Ministerio de Economía un escrito solicitando una momentánea suspensión así como la integración inmediata de una mesa de trabajo con representación de las partes involucradas «para hacerlos viables y que se puedan realizar eficaces controles».

Las normas contenidas en el decreto entran a regir a partir del último día de este mes, y tienen relación con el etiquetado que debe poseer el calzado. En el mismo estarán entre otros datos su origen y composición.

«Pocos días antes de retirarse de su mandato el ex presidente Sanguinetti, junto al ex ministro de Economía Luis Mosca y la ex ministra de Industria Primavera Garvarino firmaron el decreto 65/2000, que incluye modificaciones en el proyecto original sobre las normas de etiquetado del calzado, en cuya redacción participaron la Cámara de Importadores Mayoristas, Cámara de Minoristas del Calzado, Cámara de Industriales y el gobierno», explicó a LA REPUBLICA el presidente de la Cámara de Importadores, Herminio Castro.

Haciendo referencia a las nuevas disposiciones, sostuvo que el decreto tiene inconvenientes prácticos y de fondo. En el decreto se establece la intervención previa del Area Defensa del Consumidor a cada importación, obligando a los importadores a presentarle una declaración detallando la mercadería, con datos adicionales similares a los de la etiqueta e indicación. En caso de que la mercadería no venga etiquetada de origen, se solicitan datos del lugar en donde quedará depositada para tal fin.

Además se dispone la intervención posterior de la Dirección Nacional de Aduanas, que no dará curso a las importaciones que no hayan cumplido con la declaración anterior y también obliga a la presentación de las declaraciones juradas, en los plazos perentorios de treinta y sesenta días (el primero de los cuales vence el día 30 del mes en curso) aplicado a los mayoristas y minoristas, respectivamente, para la declaración de stock.

El empresario entendió que estas normativas representan «una actitud discriminatoría» para las importaciones de calzados que «junto a los textiles son los únicos que tienen que hacer esa intervención». Según explicó la presentación ante Defensa del Consumidor «no tiene razón alguna ni sentido, y menos aún la intervención posterior de la aduana».

«Irrealizable»

Para los empresarios del calzado los controles en materia de etiquetado deben hacerse exclusivamente en el punto de venta, que es el lugar a través del cual llegan al consumidor, tal como acontece con los alimentos.

Otro punto cuestionado es la presentación de declaraciones de stock, lo cual se considera como «irrealizable» antes de fin de mes, ya que afecta entre el sector calzado y los textiles a 40 mil empresas en todo el territorio nacional.

Castro dijo que el decreto 65/2000 «burocratiza los trámites de importación y no entendemos qué tiene que ver la Aduana en todo esto».

En tanto, los controles en materia de etiquetado «deben hacerse exclusivamente en el punto de venta, que es el lugar a través del cual llegan al consumidor, tal como acontece con los alimentos y por parte de quien tiene competencias para ello, o sea los inspectores del Area Defensa al Consumidor».

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