Retiro "obligatorio y automático" para municipales de Tacuarembó

Según lo expresado en el anteproyecto de resolución esta propuesta de retiro obligatorio se pondrá en funcionamiento previo a la anuencia del Tribunal de Cuentas de la República. La iniciativa tiene características similares a las medidas implementadas por las Intendencias de Maldonado y Canelones que en los últimos días anunciaron la reducción de sus respectivas plantillas de trabajadores como consecuencia de las dificultades presupuestarias que atraviesan las respectivas comunas.

Asimismo la discusión en el legislativo departamental generó fuertes intercambios de enfoques políticos del tema, cuestionándose el «clientelismo político que ha imperado en los últimos años», lo que ha obligado a sobrecargar de personal al ejecutivo.

La polémica se dio además en el carácter de obligatoriedad que se establece en el articulado primero de la resolución. En tal sentido, se consideró como anticonstitucional la determinación, que finalmente se aprobó por mayoría con el voto contrario de la oposición.

Por su parte los nacionalistas defendieron el proyecto asegurando que «con esta medida se ahorrará mucho dinero al final de la administración, cerca de U$S 1.200.000″.

El articulado aprobado indica además que se determinará «un estímulo contado equivalente a seis de sus haberes nominales mensuales vigentes». Además se prevén algunos beneficios prolongados a los 70 años, ya que el funcionario (tendrá) los mismos derechos (que los activos), los descuentos en los tributos de la contribución y patente de rodados, uso del Panteón Municipal y servicio de Asistencia Médica Mutual en idénticas condiciones».

La intención expresada por los proponentes del proyecto apunta a disminuir la cantidad de funcionarios existentes. Cabe agregar que el indicador de este departamento se sitúa por encima del doble de la media estimada de acuerdo con el índice establecido. Tacuarembó cuenta con el 21 por 1.000, mientras que el promedio indicado se sitúa en 10 por 1.000. Esta sobrecarga de personal fue objeto de un duro debate en la Junta Departamental, criticándose por parte de los curules encuentristas el clientelismo imperante desde hace mucho tiempo en las administraciones nacionalistas.

El proyecto excluye asimismo a quienes «ocupen cargos de carácter político, de particular confianza o con régimen especial constitucional para su provisión».

En tanto que «las vacantes que se generen por aplicación del decreto, quedarán suprimidas de pleno derecho». Según lo expresado, de esta manera se disminuirá la cantidad de funcionarios en la comuna.

El proyecto municipal aprobado en la Junta Departamental estará sujeto a la aprobación por parte del Tribunal de Cuentas para su aplicación definitiva. *