Cumbre Iberoamericana rechaza políticas proteccionistas

La XI Cumbre Iberoamericana de Lima rechazó las políticas proteccionistas que se practican en el mundo y bregó por que se alivie el problema de la deuda externa de los países de la región.

Los gobernantes se pronunciaron también contra la ley Helms-Burton, que refuerza el embargo estadounidense contra Cuba, contra la corrupción que fragiliza la democracia y por alternativas viables para favorecer los planes de sustitución de narcocultivos en el continente.

Los gobernantes de los 21 países iberoamericanos (España, Portugal y 19 latinoamericanos) abordaron tres documentos principales: la Declaración de Lima, la Declaración Política contra el terrorismo y la Declaración política sobre la situación económica mundial y el comercio internacional durante el cónclave que se desarrollo en Lima.

Estos son los principales puntos de esos documentos:

Se observa «con preocupación la persistencia de políticas o prácticas proteccionistas» y se pronuncia a favor de un sistema económico y financiero internacional «más equitativo y justo» que «asegure una adecuada liquidez de las economías pequeñas durante las crisis financieras internacionales» (Punto 35).

Apoyan negociaciones por un «tratamiento más flexible» para lograr «un alivio al problema de la carga de la deuda» que agobia a muchos países de la región (Punto 37).

Reafirma también «la necesidad de adoptar medidas individuales y conjuntas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, porque ella menoscaba la democracia, la moral pública y es un atentado contra los derechos económicos y sociales de los pueblos (Punto 14).

Llaman además a «modernizar y armonizar la legislación penal, bancaria y financiera (…) para luchar eficazmente contra las nuevas formas delictivas y la delincuencia transnacional organizada» (Punto 16).

Renuevan el «compromiso de continuar combatiendo las drogas ilícitas» y destaca «la voluntad de continuar cooperando en programas de desarrollo alternativo y en la apertura de los mercados internacionales a los mismos, destinados a ofrecer opciones viables y oportunidades de inserción a la economía de las comunidades campesinas involucradas en cultivos ilícitos» (Punto 21).

Finalmente, expresan un «enérgico rechazo a toda aplicación unilateral y extraterritorial de leyes o medidas nacionales de un Estado (…) En ese sentido, exhortamos al gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin a la aplicación de la Ley Helms-Burton», que sanciona a las empresas extranjeras instaladas en Estados Unidos que hagan negocios con Cuba (Punto 24). *