Tiempos violentos

Escribe: Jorge Jauri

 

Las unidades ejecutoras de políticas regulares demuestran cotidianamente que, en general, son absolutamente incapaces de activar los cambios. En algunos casos los atenuantes consisten en que no disponen de marcos legales en los cuales hacer las cosas. Pero, en general, no actúan porque los uruguayos consentimos en que estas son las formas en que queremos hacer las cosas. El 27% de uruguayos que, según CIFRA 1/, está radicalmente a favor de cambiar, no está dentro del aparato del Estado. O, al menos, tiene con la actividad estatal una intersección lateral. El Estado se defiende en el Estado y desde sus zonas en las cuales las implicancias determinan o silencio o aceptación conformista del silencio.

El presidente Batlle ha vuelto a referirse a esto la semana pasada. Ha levantado la voz como lo hiciera en reiteradas oportunidades en estos dos últimos años. Pero lo cierto es que la transformación del Estado no es uno de los temas en los cuales el Presidente desee jugarse enteramente su capital político personal. Sin el cual, el país seguirá empeñado en discusiones de escaso impacto transformador. Es el caso del IVA. Nadie entendía por qué el gobierno decidió introducir un tema de política fiscal en el peor momento de la recesión. Es que el Presidente decidió personalmente que debía cumplir un compromiso electoral y, al menos, impulsar una discusión que abortaría luego de haber capturado un tiempo precioso de la atención gubernamental, haber activado todos los lobbies corporativos y haber agregado, además, otra frustración más. Empero, el tiempo transcurre sin que el país se decida a afrontar discusiones vitales que, sólo el Presidente de la República está en condiciones de liderar.

Casi todas ellas tienen que ver con el Estado y la relación del éste con la sociedad civil y el ciudadano. Pero hay una que trasciende esta esfera: es la que se deben los uruguayos respecto al relacionamiento externo del país. La semana pasada, Ignacio Porczekanski, un uruguayo al frente de la unidad especializada en países emergentes de una de las instituciones bancarias más importantes del mundo, perdió la paciencia: convocó a enterrar definitivamente el Mercosur y operar más activamente en la búsqueda del enlace con mercados y países más serios. Es una opinión que, obviamente, no puede ser compartida por el realismo elemental de las cosas, pero que vuelve a llamar la atención sobre temas que el sistema político parece haber decidido ignorar definitivamente.

Si bien hay suficientes explicaciones para saber por qué el país no afronta desde sus vértices normales una discusión activa en este tema, no es demasiado claro porque el doctor Batlle no decide liderarlo. Entre otras razones, no se entiende por qué siendo un tema de enorme impacto transformador al igual que el de la transformación del Estado, este presenta algunas oportunidades políticas que el Presidente debería considerar. Por ejemplo, la de posibilitar alianzas imposibles en otros temas. Alianzas y nuevos encuentros que contribuyan a mejorar el clima de la inversión, la confianza y la esperanza en poder vivir en un país que no se vaya difuminando en esa levitación externa en la que anda hace rato.

Permanecer a la expectativa de lo que la bilateralidad argentina-brasileña vaya acordando es peligroso en extremo. Esa bilateralidad va rearticulando una nueva relación de intercambios variados y, sobre todo, va componiendo un mapa de señalamiento para la inversión extranjera directa en el cual Uruguay será aun más discriminado.

Pero además, seguir aguardando que el «lugar» y el «papel» uruguayo decanten naturalmente de los nuevos acuerdos es peligroso porque en ese reacomodamiento bilateral, los vecinos también van procesando sus reformas. Frente a ese proceso Uruguay sigue perdiendo competitividad relativa. No sólo la comercial inmediata –ver los saldos comparados de comercio exterior con los vecinos–, sino que además va perdiendo una oportunidad de transformación estructural inédita. Este es el momento de lograr acuerdos que conformen el Mercosur con más integridad aun que la que le pudiera otorgar un Arancel Externo Común. Acuerdos y compensaciones que desborden lo comercial.

Pero que aun en este ámbito deben ser diferentes a los de fines de los ochenta y que a diferencia de los que originaron el PEC y el Cauce, no pueden ser liderados por los empresarios privados.

En el mejor de los casos pudieran ser acompañados por éstos, pero requieren del Estado extremos de su responsabilidad institucional. Es el caso de la informática y las telecomunicaciones, sector insoslayable para el rearmado de un proyecto de desarrollo nacional donde no sólo no hay política sectorial alguna sino que, además, hay tan sólo cinco o seis empresarios con negocios y visión internacional.

Probablemente ya no haya posibilidades de lanzar temas de esta naturaleza al centro de la discusión y el empeño nacional. Si es así habrá que resignarse a vivir la recta de la confrontación electoral esperando que en enero de 2005 esos temas comiencen a encararse. Naturalmente que llegados a dichas instancias, los uruguayos tendremos problemas realmente más urgentes a resolver que estos. Seguramente entonces la disociación nacional y la nueva violencia ocuparán el espacio precioso que ahora todavía tienen los de las reformas cuya urgencia no se entiende.

Serán tiempos violentos sin duda alguna. *