Con la Ursea se crea un superpoder peligroso para las empresas públicas

Stolovich, especializado en temas energéticos, realizó un informe, a pedido de la Asociación de Funcionarios de UTE, AUTE, sobre la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, cuya creación está a estudio del Parlamento, ya que el proyecto de ley fue remitido por el Poder Ejecutivo con fecha 31 de octubre pasado con la intención de que se tramite con celeridad.

Las funciones que se le asignarían a esta Ursea son la regulación y el control en las actividades referidas al gas, a los combustibles derivados de hidrocarburos, al agua potable y el saneamiento, además de la regulación y el control en relación con las actividades de la industria eléctrica. Como el lector comprenderá, la propuesta es de transformar la UREE, Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica, extendiendo su competencia a los combustibles, gas y agua.

Este cambio permite al gobierno un ahorro económico e institucional importante por el solo hecho de concentrar estas funciones en una única estructura, señala el economista. El gobierno fundamenta que «en general se entiende que en países como el nuestro, atendiendo a su dimensión y realidad económica, es aconsejable la existencia de entidades reguladoras de naturaleza multisectorial que desarrollen su competencia en relación con actividades agrupadas en función de características comunes». A juicio de Stolovich, «parece aceptable que se creen organismos regulatorios independientes, de tal modo que la empresa energética no sea a la vez, juez y parte, y que exista una instancia que se ocupe de la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios».

Los eternos ignorados

Seguidamente, el especialista advierte que «la conformación de la Unidad Reguladora con técnicos independientes no es garantía ni de independencia ni de defensa efectiva de los intereses de la población usuaria».

De sus estudios concluye que «tal como lo demuestra la experiencia de América Latina, tales Unidades Regulatorias, conformadas sin participación de representantes de los usuarios, han sido incapaces de asegurar los intereses de éstos» y recuerda a tales efectos las tristes experiencias que se vivieron en Chile y Argentina con los apagones e incluso filtraciones de gas (que incluso produjeron muertes).

Que el usuario, el ciudadano, no esté representado no debería llamar la atención ya que en este país la ciudadanía debe ser la más indefensa de América Latina en materia de leyes y regulaciones, pero como la experiencia internacional reafirma que es importante su presencia, Stolovich afirma que debe haber presencia «de usuarios, trabajadores y representantes electos en las Unidades Reguladoras» puesto que la integración exclusiva de estos organismos con «técnicos independientes», más que «asegurar independencia, favorece lo que se ha denominado la captura del regulador por parte de las grandes empresas concesionarias o, en su caso, del propio gobierno». Todo este proceso deriva en que «las reguladoras se terminan transformando en instrumento de las empresas que deberían ser reguladas, o del gobierno, que frecuentemente favorece los intereses de las mismas empresas».

Antiempresa pública

En su informe Stolovich afirma que en su primer período de actuación la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica, UREE, ha demostrado «un claro sesgo contra la empresa pública». Se basa para fundamentar esta grave anomalía en «intervenciones públicas y en informes tendenciosos», así como en el contenido de «las nuevas propuestas regulatorias que implican a mediano plazo la virtual destrucción de UTE».

Sostiene también que han elevado «informes no técnicos, con clara manipulación de la información, como las relativas a la evaluación de las tarifas o sobre el costo del capital de UTE».

Por sobre todo destaca «la contratación para elaborar las regulaciones que afectarán el funcionamiento de UTE y del sector, de la consultora del hermano de la gerenta de la UREE y en la que está implicada una empresa con intereses en el sector».

También sostuvo que «los reguladores no deben hacer política energética, ni politizarse, lo que de hecho empezó a suceder. Si el regulador es asesor del gobierno en materia de Política Energética, siendo que el gobierno es el accionista de algunos de los actores del mercado, las confusiones se multiplican».

Esta confusión se agrava «si los propios reguladores son pases en comisión, pero siguen siendo funcionarios de las empresas públicas».

A modo de conclusión final, el economista puntualiza que con la transformación de la UREE en URSEA se crea «un superpoder tremendamente peligroso para el futuro del sector de la energía y, sobre todo, para las empresas públicas energéticas» ya que «los mismos que ya mostraron la hilacha, y sobre todo su absoluta carencia de independencia, ahora extenderían su poder a los combustibles, al gas y el agua». *