El gobierno especula con el default argentino

Tal como estaban las cosas el viernes, la probabilidad de que Argentina salga con cierta prolijidad de la encrucijada actual se ha reducido mucho. Pese a ello, yo aún creo en ese escenario de salida más o menos ordenada de los vecinos. Si esta hipótesis fuera confirmándose, la salida uruguaya exigiría aún más esfuerzo, pericia y acuerdos de otra naturaleza. Evito lo que ocurriría si Argentina tuviera que abandonar la convertibilidad. Entre otros motivos, porque en esta última perspectiva la salida uruguaya seguiría siendo manejada por el piloto automático instalado en la conducción de la economía. En esas circunstancias, el piloto devaluaría un poco más aún que Argentina, agregaría otras medidas para afirmar el cierre de la economía y sólo debería esforzarse en fingir que administra el juego brutal de las corporaciones lanzadas a pleno en la búsqueda de mejores precios relativos y la máxima captación de la disminuida renta nacional.

En enero de 1999 el gobierno realizó un mal diagnóstico suponiendo que la inflación brasileña corregiría de inmediato el efecto de la devaluación y pronto se restablecería la paridad cambiaria con nuestro principal socio comercial. Nada de esto sucedió y en el curso de los últimos treinta meses hemos venido acumulando una pérdida de competitividad comercial que se aproxima al 40% en relación al promedio de la que teníamos en 1998. Treinta meses en los cuales, además, se fue generando lo que podría ser denominado como una pérdida de potencial de competencia a futuro: esto es rezagos acumulados en materia de reforma administrativa, de política comercial, financiera y bursátil. Pérdidas en cuya cuenta habría que asentar, sobre todo, las mayores dificultades que ha tenido este país para manejar su fenomenal crisis de la política.

Ahora el gobierno no espera de la mejora de los vecinos estímulos suficientes para reactivar la economía uruguaya. En cambio, parecería que estuviera esperando el peor desenlace argentino. Y con él la oportunidad para que el piloto automático ejecute la salida programada.

De otra manera, pese a toda la voluntad que se ponga, no se entiende qué es lo que en realidad está intentando hacer el gobierno. Este sabe perfectamente lo que está sucediendo. Ya no hay dos diagnósticos como en febrero/marzo de 1998. No hay nadie que esté pensando en que una eventual explosión del consumo y la inversión regional decante en las antiguas olas de demanda de productos y servicios uruguayos. Incluso, es difícil justipreciar el verdadero impacto que podría tener el aumento estacional del turismo argentino. Uruguay se ha quedado sin potencial de crecimiento considerable. Y el país ha ingresado en una zona de riesgo y restricción financiera que lo está colocando al borde de los abismos de principios de los ochenta. Es difícil imaginar cómo el sistema político va a poder administrar lo que comienza a ser el desasosiego, la desesperanza y un sentimiento de disociación nacional creciente; que ahora, incluso, parecería comenzar a admitir la existencia de un país pequeño partido en al menos tres territorios diferenciados: el norte viviendo en zonas de marginalidad económica y jurídica, el centro sur despoblándose en la desesperanza absoluta y un Montevideo cercado por un cinturón de un centenar de miles de desesperados.

El inoportuno IVA ampliado

El gobierno sabe que es imperioso apostar con más fuerza a la reactivación. Empero, el esquema básico y su incapacidad de relacionamiento con la izquierda le impide avanzar en políticas más activas. A lo cual se le suma una restricción financiera que a los uruguayos les cuesta entender. Pese a lo cual, últimamente, el equipo económico parece urgido de completar un cronograma predeterminado de promoción de iniciativas dispersas, conflictivas sin aparente conexión y que, sobre todo, son ininteligibles para la población. El envío del proyecto de ley de ampliación de la base imponible del IVA y la unificación de la tasa en el 19% es el ejemplo más actual y dramático.

¿Qué necesidad tenía el gobierno de impulsar un agregado de ortodoxia fiscal de esta naturaleza en un momento de sensibilidad social tan extremo? ¿Qué necesidad tenía de generar con ello un elemento reactivador y unificador de todo el frente corporativo? ¿Por qué introducir ahora un dispersivo de tal naturaleza en momentos en los cuales si a algo hay que apostar es a la mejora del clima de la inversión tan afectado por la confrontación y la disidencia? ¿Por qué insistir en un reordenamiento técnico fiscal si las discrepancias generadas en torno a la iniciativa terminarán de erosionar las ya precarias alianzas para impulsar la reforma de la DGI?

El gobierno impulsa los proyectos según un cronograma predeterminado y los abandona a su suerte cuando surgen las primeras líneas de la oposición corporativa. La postergación, de hecho, de explicar y discutir la imprescindible reforma de la administración fiscal es bien leída por el mercado como una nueva resignación de quién debe asumir el liderazgo de los cambios disciplinados. La postergación de la inversión privada es la respuesta natural. En tanto, la función de «compensación social» y el gasto del Estado aumenta también naturalmente. Tanto como la deuda en varias monedas y especies que tendrán que pagar las generaciones futuras. *