Muchas dudas y poco apoyo, mientras el riesgo país crece

La reestructura de la deuda, que todos sabían que era impagable, se hacía impostergable, es más, muchos analistas señalaron que se debía haber concretado mucho antes.

Básicamente la propuesta consiste en reducir los pagos de los intereses del país el próximo año por un monto de 4.000 millones de dólares y por un recorte de las tasas de interés que hoy se pagan a un 30% y que el gobierno argentino está dispuesto a pagar un 7% como máximo. ¿Cómo se hace para llegar a ello? Por un lado prolongando los vencimientos de los bonos y bajando la tasa de interés que se paga, con lo cual caería el valor neto presente de los bonos que poseen los inversores. Simultáneamente, pediría a los inversores que acepten nuevos bonos que tendrían un respaldo real mayor en base a la recaudación fiscal.

El gobierno anunció, por otra parte, que las negociaciones para ir reestructurando su deuda se iniciarán en primer lugar con los argentinos propietarios de bonos y en una segunda etapa lo haría a nivel internacional.

Por lo tanto importa y mucho la respuesta a nivel interno que tuvo el lanzamiento del paquete de medidas.

Empresarios y políticos apoyaron con reservas las medidas, aunque la propuesta de refinanciación de la deuda pública fue considerada por los mercados como un «default técnico». Pero el primero en opinar fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, quien sostuvo que la «reestructuración no es voluntaria, sino compulsiva y significó en la práctica entrar en default (cesación de pagos)», sin embargo el senador Eduardo Duhalde, también peronista, prometió su apoyo «irrestricto» a las medidas.

Se podría afirmar que todo está «prendido con alfileres», porque tanto el FMI como el BID anunciaron públicamente que apoyarán cuando vean cómo se instrumenta el plan en la práctica, pero, como contrapartida, el G7 que nuclea a los países industrializados más ricos, apoyó el paquete de propuestas del gobierno argentino.

¿Cómo se comportarán los poseedores argentinos de bonos (especialmente bancos y fondos de pensión local)? Aún no se sabe, pero, muchos sostienen que Cavallo sabía muy bien que no quedaban muchas opciones: o se acepta la propuesta, y probablemente se pierda dinero o, no se acepta, y Argentina entra en cesación de pagos, lo cual implica no recibir nada.

Parece una jugada estratégica muy hábil, sobre todo en el momento justo pero, aún no se sabe lo que sucederá.

Lo que sí está claro es que la agencia de calificación financiera Fitch ya bajó la nota de la deuda argentina de CCC a CC y sostuvo en un comunicado que es muy poco probable que los acreedores del gobierno argentino acepten el canje voluntario de la deuda. Para Mark Siegel, gerente de fondos de mercados emergentes de DL Babson and Cia, «los precios de los bonos argentinos seguirán la percepción de la gobernabilidad en Argentina y, ante la falta de un acuerdo con las provincias, interpreto como una noticia muy mala para la gobernabilidad los anuncios del jueves».

Jane Eddy, directora gerente de riesgos soberanos de S&P explicó: «Si hay una pérdida en el valor actual neto para los tenedores de bonos sin ninguna compensación monetaria, lo consideraríamos como incumplimiento (default) y la calificación sería rebajada a default selectivo para la República».

La otra gran propuesta

Pero el paquete no sólo es financiero o fiscal, tiene un contenido social que no deja de llamar la atención teniendo en cuenta los antecedentes de Cavallo, pero, bienvenidos sean.

Según comenta el poderoso diario Clarín, algunas de las medidas significan un aumento salarial a través de ciertas rebajas impositivas que se concretan. Es que se hace necesario que la gente disponga de dinero para poder consumir y así iniciar también desde este ángulo la reactivación, medida poco ortodoxa para la filosofía dominante pero que será recibida con beneplácito por la población.

En esencia consiste en rebajar por un año los aportes personales al sistema jubilatorio del 11% al 5%, «esta decisión sería equivalente a una mejora de 7,2% en el salario del bolsillo de los trabajadores en relación de dependencia. Esta medida beneficia a 4 millones de trabajadores.

A ello debe sumarse que se concretará un salario único por hijo menor de 14 años de $30 por mes (30 dólares) que reemplazará al actual sistema de asignaciones familiares. Se aplicará exclusivamente entre los desocupados (que son más de 3 millones de personas) y los trabajadores que ganan menos de $1.000.

Además habrá una prestación básica para los mayores de 75 años que no estén jubilados ni tengan otro ingreso, de $100 por mes. *