Frigorífico Fernández pide quita del 30%

Carlos Peláez

A la vez, este matutino accedió a los términos de la propuesta de concordato presentada por la empresa, la que algunos productores contactados ayer calificaron como «intento de legalización de una estafa». Por otra parte, la jueza Penal de 4º Turno, Fany Canessa, reclamó una copia de la LA REPUBLICA, en su edición del domingo 12 de marzo, donde se daba a conocer información sobre el tema.

Las fuentes consultadas no descartaron la posibilidad de «presentar una denuncia por estafa contra la empresa y un alto dirigente político del partido de gobierno» con el que alguno de ellos negoció en su momento aunque ahora no pueden explicar en qué carácter.

Durante la media hora previa de la sesión cumplida el martes 14 por la Cámara baja, el diputado Rodríguez historió brevemente el proceso por el cual el frigorífico Codadesa, ubicado sobre ruta 39, fue adquirido por la empresa Juvencor SA, pasando a denominarse frigorífico Fernández. «A menos de dos años de funcionamiento la empresa cierra las puertas y se presenta a concordato por una cifra cercana a los siete millones de dólares», señaló.

Agregó que «los productores rurales, los pequeños y medianos productores de mi departamento y de los departamentos vecinos han sido salvajemente estafados por quienes tuvieron la irresponsabilidad de dirigir una empresa a sabiendas del déficit que tenía y que la situación económica hacía imposible enfrentar las obligaciones contraídas». El parlamentario sostuvo que «como siempre, en los últimos tiempos, el estafado, el abandonado es siempre el productor rural. En los últimos meses, la empresa aprovechó que el precio de las haciendas había bajado y compró no sólo las que estaban preparadas sino las que no lo estaban, debido a que los productores las vendieron porque los animales no tenían pasto ni agua. Aprovechando esas circunstancias y a conciencia de la situación económica, empezó a librar cheques diferidos a 60 y 90 días. Antes de los vencimientos la empresa cierra y pide el concordato. Los productores descontaron los cheques en las instituciones bancarias. Hoy no tienen ni el ganado, ni el dinero, pero sí tienen la deuda con los bancos».

El legislador reclamó que el gobierno, a través del MGAP y el BROU, otorgue cobertura a los productores «estafados y abandonados». Asimismo el senador Carlos Julio Pereyra realizó un pedidos de informes al BROU donde se solicitan datos sobre la operación de venta por parte de la entidad estatal.

Un concordato escandaloso

Fuentes de la Liga de Defensa Comercial informaron a LA REPUBLICA los términos del concordato solicitado por la empresa Juvencor SA.

El monto de la deuda trepa a los 78 millones de pesos, unos siete millones de dólares, lo que supera ampliamente el valor del inmueble y para lo que no habría garantías. La empresa propone una quita del 30 por ciento de la deuda, el pasaje a moneda nacional del saldo, una espera de tres meses y a partir del cuarto mes comenzaría a pagar con el uno por ciento mensual de la venta bruta.

Uno de los acreedores dijo: «Cobraremos tarde, mal y nunca. Alguien tiene que hacerse cargo de esta estafa apoyada por dirigentes políticos. Si a mí me llaman de un juzgado, voy a decir el nombre del parlamentario que vino a hacer negocios conmigo», dijo el afectado, que se negó a revelar el nombre del presunto legislador mencionado y sólo confirmó que «era alguien del partido de gobierno». El acreedor informante será el empresario Walter Branaá, que opera en el ramo de curtiembres; el abogado de la empresa deudora es el doctor Jorge Canon.

Un dato hasta ahora no explicado por nadie es cómo un frigorífico que faenaba pollos para una conocida cadena de comidas rápidas, contrajo deudas por siete millones de dólares comprando vacas.

Por su parte, el diputado frenteamplista y candidato a jefe comunal, Darío Pérez, dijo a LA REPUBLICA: «Estaba dispuesto a llegar al fondo de este asunto. Por ejemplo, queremos saber exactamente en cuánto compraron ese frigorífico, que aunque parezca mentira nos sido muy difícil saber. Además, la Intendencia tiene algunas explicaciones que dar. Por ejemplo, en qué monto expropió parte del terreno donde se encuentra el frigorífico Fernández para construir la doble vía Maldonado-San Carlos».