El gobierno intenta pero el Estado no responde

El problema es que, además, en ese línea de política, el gobierno ha incorporado últimamente una serie de directivas vinculadas a la reactivación, cuya ejecución dilatada o mal realizada podría agravar aun más la actual emergencia. Ellas son, en particular, las orientadas al aumento del nivel de actividad vía concesión de obra pública y aquellas que deberían contribuir a mejorar el clima de confianza. Las primeras se concentran específicamente en el entorno de la megaconcesión de obra vial –unos doscientos millones de dólares y unos cuantos miles de puestos de trabajo en el área actualmente más sensible al respecto: la construcción–. Las directivas que procuran mejorar la confianza del inversor y del público son aquellas que deben remover una expectativa de parálisis en la cual el empresario posterga sus inversiones y el público gasta aún menos de lo que puede. Estas son las que impulsan las reformas estructurales, la caída de la tasa de interés y la expansión del crédito.

 

¿Qué está sucediendo?

 

La megaconcesión de obra vial había sido impulsada como tarea principal luego que la exitosa adjudicación de la concesión de gestión de la playa de contenedores demostrara el potencial de encuentro entre los privados y el Estado. En el caso de la concesión de obra vial el aumento esperado del nivel de empleo era aún mayor y su concreción también podía esperarse que fuera más inmediata. Empero, es muy probable que llegue fin de año y las oficinas del Estado involucradas en la operación aún no hayan podido completar la convocatoria a las empresas interesadas. Dado lo cual, la expectativa de reactivación del empleo en la construcción debería postergarse hacia fines del primer trimestre del próximo año. ¿Qué está sucediendo? Sencillamente que no alcanza con que un organismo, el MTOP en este caso, identifique una oportunidad de cesión a la actividad privada, algo que no puede hacer y el MEF le solicite a la CND que organice la operación con las garantías del caso. Las trabas y dificultades que enlentecen el proceso son las que podían esperarse de un Estado que parece un damero de oficinas que funcionan en compartimentos estancos, estimuladas en lógicas propias, sensibles en grados extremos al gesto de sus referentes políticos o a la molestia de algunas corporaciones y empresas afectadas cada vez que se ensaya un cambio trascendente.

En aquellas directivas vinculadas a la recomposición de la confianza, el gobierno ordena acelerar las reformas pero mantiene la directiva global de diluir cualquier motivo de confrontación. Lo que lleva a los responsables de la ejecución a pactar vías que, a la postre, resultan más lentas, caras y conflictivas que las previstas inicialmente. Este parece ser el caso de la transformación de la matriz energética nacional, combustibles, energía eléctrica y gas. Aquí las reformas se echan a andar y probablemente haya antes de fin de año novedades importantes. Empero, parece obvio que las vías elegidas para la transformación están animadas por esa vocación nacional al empate que, al fin, sume todo aquello que en su momento despertara entusiasmo en un magma espeso, caro y peligroso.

En las áreas que propenden al aumento del crédito, el consumo y el nivel de actividad inmediato sucede lo mismo. El BROU lanza su campaña de expansión del crédito con una tarjeta cuyas solicitudes no puede atender ni registrar siquiera dado lo vetusto de su estructura informática.

El BCU baja con divina timidez sus tasas de interés sin vocación ni medios para vincular la medida a otras de disminución de las garantías del crédito que también ha adoptado pero que ni los bancos parecen conocer. El Banco Hipotecario obligado a hacer caja sale a vender crédito en UR mientras aumenta sus tasas de captación en dólares multiplicando a la enésima la confusión sobre cómo y quién pagará las nuevas pérdidas que acumularán sus balances. Algo similar parece suceder con un nuevo mega-plan, esta vez de computadoras.

La Intendencia de Montevideo, al igual que el resto, no es una excepción de lo que sucede en el resto del Estado. Lejos de incorporarse al proceso de reactivación de la demanda en sectores claves, la articulación con el resto de los agentes para la atracción del turismo regional, por ejemplo, ahora parece preocupada por mantener el valor real del salario de sus integrantes. El Estado del clientelismo asistencial está zozobrando exigido por sus responsabilidades en tiempos de emergencia. Ese Estado, además, se ha mantenido hasta ahora a la vera del ajuste más brutal que ha debido soportar el sector privado en la historia reciente. Estos no son supuestos ni hipótesis. Son datos. Tanto como aquellos que, referidos a la estabilidad y el ingreso de sus funcionarios han comenzado a propiciar propuestas como las del recorte salarial con las cuales no se puede estar de acuerdo pero que tienen sus explicaciones en el contexto del drama que vive el resto de la población. *

En los últimos dos años la profundización de la crisis ha afectado el ingreso real de los hogares –varios rubros además del provisto por el salario– en aproximadamente un 10%. En el mismo período los salarios de los trabajadores más estables, empresas públicas en particular, han logrado mantener las mejoras de su capacidad adquisitiva lograda en los años previos a la crisis *