Desasistida, la política conspira

JORGE JAURI

 

Los politólogos tienen más que hacer que los economistas. Ellos deberían estar incorporando en superior síntesis los diagnósticos de otras ciencias y, en una asunción de responsabilidades ético-profesionales deberían estarle ofreciendo a los políticos alternativas técnicamente apropiadas. Empero, la minoridad en la cual se desempeña la profesión en el Uruguay, desplaza y concentra sus esfuerzos en áreas demasiado etéreas y alejadas de la utilidad real para un país en crisis. En la crisis de la política los políticos están más atentos al trabajo de los economistas que al de los politólogos. Allí se cierra el círculo vicioso de la oferta y la demanda insuficiente de la profesionalización del quehacer específicamente político. Delicado y específico trabajo por el cual pagamos los ciudadanos a nuestros representantes.

El centro de la crisis

En el país está sucediendo exactamente lo que era previsible. En lo económico hay de todo, crisis brutal y oportunidades inéditas para un país pobre, pero integrado naturalmente a la región más apetecida de América Latina. Empero, en el crisol donde se encuentran debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas, allí donde trabajan los políticos y los politólogos crece peligrosamente la brecha entre la realidad y la ficción.

Tal es el centro neurálgico del drama y allí residen las causas de la inevitable precipitación de la crisis económica. Los políticos hablan demasiado y los politólogos parecen haber desaparecido del escenario. Preparándose quizás para la zafra formal de los pronósticos y estadísticas de resultados que se avecina. Mera área instrumental de una ciencia más cara y demandada crecientemente en el mundo de hoy.

La economía ya no tiene soluciones si no surgen aportes, urgentes y de impacto suficiente, que ayuden a los representantes populares a saber cómo comportarse en estas emergencias. Como los empresarios no pueden transformar solos sus empresas o calcular las tasas de retorno y el riesgo de sus proyectos, los políticos no tienen por qué perder tiempo en inventar su propia profesionalidad; la imprescindible para afrontar sus responsabilidades específicas, en competencia democrática; sin establecer más obstáculos para que la economía pueda manejar sus herramientas sin que cada una de ellas sea motivo de un juego de reacción y acción infinito.

Intromisión y ausencia

En el área específica de la ciencia económica hay acuerdos amplios sobre casi todos los temas relevantes que demanda la reforma de las estructuras o el mantenimiento de los equilibrios. Lo que no quiere decir que haya técnicos que invadiendo el área de la política formal, trabajando en ella, tengan tantos diagnósticos y propuestas en materia económica como partidos políticos existen. Las cosas, en economía, comienzan a complicarse cuando los economistas son requeridos a ocupar el lugar ausente de los politólogos y, sobre todo, de los políticos. En todos esos temas relevantes, el debate económico sustituye el político confundiéndonos, desvirtuando y forzando la realidad desde tantos vértices como partidos políticos existen.

Energías confundidas

El caso de la reforma del sector energético y de Ancap en particular es paradigmático. Por dos razones: por el enviciamiento político del diagnóstico técnico –discusión de los precios en particular–. Y es paradigmático, sobre todo, por las consecuencias que sobre su solución final devienen del juego de la política vaciada de otros contenidos.

¿Qué está pasando en Ancap, cabeza de puente de una reforma impostergable de las empresas públicas? Nada. El seminario sobre políticas de Estado en materia energética organizado por el general Seregni acaba de enseñar los orígenes políticos de la disidencia técnica. Activada la disidencia, para cuya explicitación sirvió la realización del seminario, el gobierno parecería querer acelerar la asociación del ente con un socio internacional de porte mayor. En ello acuerda la oposición. Empero, ahora, los términos de referencia final para concretar dicha asociación se centrarían en la solicitud de un cannon o fee muy fuerte y de pago enteramente concentrado al inicio. Ello permitiría simplificar todo el diseño de la asociación e, incluso, mejorar las condiciones de competencia de los variados interesados. Pero, sobre todo, permitiría contribuir al financiamiento del déficit fiscal y mejorar la comprometida liquidez de la política.

Si esta opción prevalece, contrariando incluso a las propuestas del propio y «ultraliberal» equipo asesor de la presidencia de Ancap, el país vendería uno de sus activos, consolidando por un tiempo limitado pero precioso, las desventajas del monopolio actual. Dado que la principal ventaja del socio promitente sobre sus futuros competidores del escenario regional, consistiría en acceder a esas barreras temporales dentro de las cuales prepararse para cuando se inicie la liberalización total del sector. Para ello y sólo para ello alguien debería estar interesado en pagar para asociarse a Ancap.

Es obvia la inconveniencia de la opción para el país y, sobre todo, para el partido o la coalición que pudiera gobernar el país a partir de 2005. En tanto, también es obvia la respuesta política del partido o la coalición. La que, además, estará fundada en argumentos más convincentes que los actuales. En tanto, el resultado de la reforma incipiente es también obvio: el empantanamiento, la celebración del statu quo y el mantenimiento de sobreprecios o transferencias insoportables para un país sumido en la pobreza.

El caso Ancap es un laboratorio en el cual los estudiantes de ciencias políticas deben aprender las razones de su existencia profesional. Aquí no hay disidencia o falta de soluciones económicas.

La economía industrial tiene alternativas que a los políticos ni siquiera les interesará conocer para decidir. Lo harán en base a determinantes surgidas de la lógica bélica. Y sin asistencia profesional para salir de ella con las urgencias requeridas. *