Negocios energéticos del gobierno plantean dudas sobre sus objetivos

El cuestionamiento del economista surge a raíz de su constatación de que «en un primer momento, existió en el gobierno la postura de aceptar un sobrecosto con tal que se incorporara capital privado mayoritario en la nueva central». Explicó a LA REPUBLICA que la central termoeléctrica que se pretende construir en base a capital privado cumpliría una función de respaldo, es decir que entraría en funciones una vez que la demanda no pudiera ser satisfecha con las restantes fuentes de energía que dispone UTE. «Una central de respaldo no es nunca rentable por sí sola, solamente lo es cuando forma parte de un todo, como podría ser en el caso de UTE, que es el que permite amortizar su falta de rentabilidad», explicó.

Seguidamente sostuvo que un privado va a reclamar contrato de potencia, pero también de compra de energía, se use o no, como forma de poder hacer rentable su inversión, «este es el sobrecosto que el gobierno en primera instancia estaba dispuesto a pagar a un privado». Por ello es que «me entran dudas sobre cuáles son los reales objetivos, si abaratar la energía o si se trata de un objetivo ideológico, es decir que el modelo con que se mueve el gobierno cierre, mediante la entrada de un privado».

Stolovich también discrepó con la tesis muy propagandeada de que UTE tiene una capacidad financiera limitada. Para el economista esta afirmación forma parte de la campaña desatada desde hace un año desde ámbitos neoliberales del gobierno y los círculo políticos contra las empresas públicas basándose para esta opinión en que «la propia Unidad Reguladora de Energía en su trabajo de costo de capital considera que el nivel de apalancamiento óptimo es de 0,5 y que el nivel actual de UTE es 0,3 lo que demuestra que el ente energético «tiene aún mucho rollo» para invertir.

Regalan Ancap

En cuanto al proceso de asociación de Ancap, Stolovich no puso objeciones pero sí criticó las dos propuestas sobre el tema que provienen del grupo asesor del presidente de Ancap (externo al ente) que «plantean dudas acerca de lo que realmente se está buscando» ya que proponen seleccionar como socio al que pague mayor canon sin importar sus planes de negocios y otras consideraciones y, están dispuestos a dar un acceso abierto (a todas las empresas del mercado) a la logística de Ancap».

Sus argumentos son muy claros, ya que, sostiene, que «una asociación implica poner conjuntamente con el socio bienes y esfuerzos orientados a logro de objetivos comunes, y esto no surge ni se puede conseguir teniendo en cuenta exclusivamente un mero aporte económico bajo la forma de canon. Esto sirve para entregar el negocio petrolero de Ancap al mejor postor, pero no para garantizar los objetivos antes señalados».

Alerta también que, si se trata de buscar a quien pague el mayor canon, se puede caer en una buena trampa, ya que las empresas petroleras ya radicadas productivamente en la región, que lo que buscan es impedir el ingreso de un nuevo jugador a la región, estarían dispuestas a pagar un canon bien alto.

Es más, el canon alto no asegura mucha inversión, hasta puede pasar todo lo contrario, es decir que le destinen una función secundaria a la refinería. Su segunda gran divergencia con los asesores de Jorge Sanguinetti radica en la postura de èstos de ofrecer un acceso abierto a la logística de Ancap (sus instalaciones de recepción, almacenaje, transporte y despacho de combustibles).

La inconveniencia de la propuesta radica en que «sólo beneficia a los mayoristas de la cadena de comercialización, quienes a través de este mecanismo aumentan su rentabilidad, sin bajar los precios al consumidor (tal como sucedió en Chile). Además no existe ni ha existido reciprocidad ya que los principales comercializadores mayoristas de Uruguay son empresas con refinerías instaladas en la región que no admiten acceso abierto a sus instalaciones.

¿Marginales?

Finalmente y a nivel conclusiones, Stolovich pregunta si se quiere que las empresas públicas energéticas sigan cumpliendo un papel protagónico o si se las quiere marginalizar. Si se quiere lo primero, propone entre otras cosas: la liberación de sobrecostos, regímenes de compra similares a los de la empresa privada y libertad de inversión en sus respectivos sectores. Sostiene la ineludibilidad de la profesionalización de los criterios de selección de los directores, políticas de coordinación entre las empresas públicas y la reformulación de la relación empresa-gobierno.*