En camino de mejorar la trazabilidad
El actual ministro señalaba que la producción de carne de nuestro país se debía acompasar a dos conceptos que eran básicos en la agropecuaria contemporánea. Los dos, guiados por las demandas de los consumidores del primer mundo, que exigen dentro de la calidad del producto dos nuevas e importantes consideraciones: la primera es la trazabilidad del ganado y la segunda es la certificación confiable de la manera de producir.
Esto es que dentro de un país productor de carne debe existir una especie de identidad del animal producido, de tal manera que cuando el consumidor esté adquiriendo el producto, fuera en una carnicería o degustándolo en un restaurante, el proveedor pueda confiablemente asegurar cuál es el origen del animal que consume.
Para lograr este objetivo, de que todo el rodeo nacional se encuentre debidamente identificado, ya lo anunciaba el ingeniero Gonzalo González, era ineludible profundizar y modificar el sistema de Dicose, sumándole a la marca, única manera en que actualmente se identifica la procedencia del animal, un sistema en el cual el ganado fuera individualizado con una caravana oficial.
El actual ministro de Ganadería propuso esta medida en el mes de noviembre pasado. En dicho momento, un sector importante de las gremiales rechazó la propuesta, aduciendo la idea de que tal práctica aumentaba los costos de producción.
El tiempo y el rechazo que la UE hizo del reingreso de carne uruguaya a su mercado, ha dado la razón al titular de la cartera de Ganadería, que con una visión especial, en cierta medida, se había adelantado a los acontecimientos.
Ahora, el país no tiene más remedio que encarar la identificación individual del rodeo nacional y para ello el MGAP encarará un plan para organizar la mejor trazabilidad del ganado uruguayo. Los pasos que se instrumentarán incluyen el caravaneado de toda la hacienda nacional. El costo de las caravanas oficiales de identificación correrá en principio por parte del Estado uruguayo, que destinará para este fin unos dos millones de dólares, que son parte de los 17 millones de dólares que el país gestionó frente al Banco Mundial para hacer frente a la crisis desatada a raíz de la epizootia de aftosa.
El costo de la caravana rondará los dos dólares cada una, pero a este costo hay que sumarle el que procede de tener que gestar un gran banco de datos que sostenga técnicamente el sistema.
El caravaneado oficial se irá realizando a medida que se vayan cumpliendo los próximos períodos de vacunación contra la aftosa. Primero se identificarán los terneros nacidos en la próxima primavera, cuando se los vacune, en el mes de noviembre, luego se hará lo mismo con el resto del rodeo en los períodos de vacunación, que se llevarán a cavo en el otoño de 2002, culminando la identificación oficial e individual del rodeo en noviembre del año que viene, en el período especial de vacunación de terneros, nacidos en la primavera de ese año.
No ha sido definido aún si serán identificados los lanares. El tema está aún en discusión en la órbita del MGAP.
Pero los consumidores del primer mundo ya exigen, y lo profundizarán, lo que también el ingeniero Gonzalo González ha señalado desde hace mucho tiempo: esto es lo que se ha denominado la protocolización de la producción.
Esto consiste en que al consumidor no sólo hay que certificarle la identidad del animal que consume, sino que también se le debe garantizar de qué manera el novillo, el cordero, fue producido. En el mundo ya no basta con decir que las carnes de tal región o país son naturales, ecológicas etcétera, hoy el consumidor necesita que atrás del calificativo de la carne o la leche exista un sistema confiable que le garantice que en realidad el animal ha sido criado con productos naturales y en sistemas de producción no agresores del ambiente.
Como se podrá ver, el producir carne para los mercados del primer mundo no es ni será en el futuro una cuestión sencilla. *
Te recomendamos
quejas
Empresarios reclaman ante OIT que Consejos de Salarios no fijen las condiciones laborales
La inclusión de Uruguay en la lista negra de la OIT (ya había ocurrido en 2019) responde a una queja empresarial por la ley de 2009. Mientras el gobierno la califica de “desmesurada”, el ministro Juan Castillo destaca el valor del diálogo...
Compartí tu opinión con toda la comunidad