Mahía contra renovación automática de tarjetas

El diputado frenteamplista José Mahía denunció en el Parlamento que la mayoría de las empresas emisoras de tarjetas de crédito está violando un artículo de la ley del consumidor que prohíbe la renovación automática si no hay autorización expresa del usuario.

El legislador dijo que el silencio del consumidor se toma como aceptación de la renovación y si luego no paga la nueva tarjeta lo envían automáticamente al Clearing de Informes.

Mahía consideró un «abuso» la actitud de las empresas, que «toman de rehenes a miles de personas aplicando una política comercial que se burla de las leyes vigentes en nuestro país». A raíz del planteo, la Comisión de Industria, Energía, Minería y Turismo convocará a las autoridades del Banco Central y al Ministerio de Economía y Finanzas, del cual depende la Dirección de Defensa del Consumidor, para que se adopten las medidas correspondientes.

Todo comenzó hace algunos días, cuando el diputado recibió un sobre de una empresa emisora de tarjetas de crédito, notificándole que debía abonar una determinada cifra de dinero por la renovación automática de la tarjeta o, de lo contrario, sería enviado al Clearing de Informes. En la legislatura anterior Mahía presidió la Comisión de Industria, que fue la que analizó el proyecto de ley de defensa del consumidor. La ley fue aprobada por el Parlamento en 1999 con el voto de los cuatro lemas.

«Lo que me sucedió a mí le está sucediendo a miles de uruguayos», dijo el legislador. «La ley del consumidor establece claramente que para la renovación automática de la tarjeta debe existir consentimiento expreso del usuario. El silencio del consumidor no debe ser considerado como aceptación; la ley lo prohíbe expresamente». «Si el usuario no contesta sobre la renovación automática, las empresas consideran que la está aceptando y se traslada el costo al consumidor. Si no paga, es enviado al Clearing», explicó.

El legislador realizó el planteo en la media hora previa de la sesión de la Cámara de Diputados y posteriormente en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Turismo.