Piden al Fiscal de Corte actuar "con dureza" con programas pirata

La corporación que nuclea a la industria del software realizó este pedido debido a que, según explicaron, la copia del software perjudica a todo el sector «y se está desarrollando en forma abierta y sin todo el control necesario».

A mediados de marzo el sector discográfico reclamó combatir con más ahínco la piratería musical y, según la CUS, «el fiscal Peri Valdez emprendió una dura campaña antipiratería que se tradujo en procesamientos e incautaciones de mercadería ilegal por montos millonarios».

En la nota de la CUS a Peri se marca la necesidad de aplicar estas acciones con el mismo vigor contra quienes venden software ilegal en comercios instalados, ferias y a través de Internet. La mayoría de estos programas son generalmente juegos o aquellos que poseen una mayor difusión, como los sistemas operativos Windows.

El vicepresidente de la CUS, Gustavo Dematté, señaló que, al igual que en la industria discográfica, las pérdidas económicas por piratería son millonarias y afectan a la industria local, el empleo y la recaudación fiscal, debido a la evasión que provocan estas actividades ilícitas.

Agregó que «se ha constatado que la venta de software pirata ha dejado de ser una cuestión artesanal para convertirse en un negocio lucrativo, ya que existen personas que reproducen programas de computación y lo comercializan a gran escala y a la vista de todos. Generalmente esta venta se da en ferias vecinales y los propios vendedores anuncian en folletos las direcciones particulares y teléfonos donde los interesados pueden adquirir el software ilícito».

Otro dato aportado por Dematté indica que en las acciones policiales contra piratería discográfica se constató además que quienes replican discos en forma ilegal también lo hacen con el software, el cual luego se distribuye para la venta.

La nota enviada a Peri solicita la sanción prevista en la legislación penal actual para quienes cometan estos ilícitos.

 

Inspecciones

En las últimas semanas se han desarrollado inspecciones judiciales en dos laboratorios, una empresa de emergencia médico móvil y una importadora por presunto uso de software sin licencia de empresas tales como Adobe, Microsoft, Symantec, Autodesk y Network.

El objeto de las inspecciones, que se suman a otras ya realizadas, es determinar si estas empresas cuentan o no con las licencias necesarias para justificar el uso de software que tenía instalado en sus máquinas.