Funcionarios públicos: cuatro de cada diez son mujeres

Sobre un total de 256.007 de personas con vínculos laborales con el Estado, al 30 de junio de 2009, menos de cuatro de cada diez son mujeres. En efecto, el 61% son varones y el 39% son mujeres. Tal lo que surge del «Informe sobre vínculos laborales con el Estado. Area Estrategias y Desarrollo en Gestión Humana. Publicación semestral. Datos al 30/06/2009″, elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC).

De acuerdo al Informe sobre Vínculos Laborales con el Estado al 30 de junio de 2009, existe un total de 241.517 vínculos en calidad de funcionarios públicos y 14.490 en calidad de no funcionarios públicos. Lo que suma un total de 256.007.

Del análisis por sexo se desprende que de los vínculos laborales con el Estado informados para esta encuesta, tanto para funcionarios como no funcionarios, excepto los gobiernos departamentales, un 61% corresponde a varones y un 39% a mujeres. En el caso de los vínculos de No Funcionarios Públicos, exceptuando los gobiernos departamentales, la información indica que un 59% son mujeres y un 41% varones.

Es importante distinguir entre vínculos laborales y personas. Los informes de Vínculos Laborales con el Estado se basan precisamente en la cantidad de vínculos, y de acuerdo al régimen de acumulación de cargos existen personas con más de un vínculo laboral, por lo cual debe quedar explicitado que las cifras manejadas representan la distribución de uno u otro sexo dentro de dichos vínculos laborales y no las personas reales.

Las mujeres son mayoría en cinco ministerios: en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en el Ministerio de Industria, Minería y Energía y en el Ministerio de Turismo y Deporte. También son amplia mayoría entre los no funcionarios públicos pero con vínculos laborales con el Estado en el Poder Legislativo con un 90,9% contra 9,1% de hombres.

A nivel de Administración Central, la distribución por inciso entre varones y mujeres es la siguiente:

Entre los funcionarios públicos, las mujeres predominan en el Mides con 66,7% contra 33,3%; en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con 64,4% contra 35,6%; en el Ministerio de Industria, Minería y Energía con un 52,4% contra 47,6% de varones y en el Ministerio de Turismo y Deporte con un 50,8% contra 49,2%. En el resto de los organismos de la administración central y el Poder Legislativo predominan los varones. Igualmente se da ese predominio en el total de esos organismos con una relación de 73,8% para los varones y 26,2% para las mujeres.

Entre los no funcionarios públicos pero con vínculos laborales con el Estado, las mujeres predominan ampliamente en el Poder Legislativo con un 90,9% contra 9,1% de varones; en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con un 78,7% contra un 21,3%; en el Mides con un 68,4% contra un 31,6%; en el Ministerio del Interior 62,9% de mujeres contra 37,1% de varones; en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con un 59,4% contra un 40,6%; en la Presidencia de la República hay 58,8% de mujeres contra 41,2%; en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con 57,7% contra 42,3%; en el Ministerio de Relaciones Exteriores con un 55,8% de mujeres contra 44,2%; en el Ministerio de Industria, Minería y Energía con un 58,3% contra 41,7% y en el Ministerio de Turismo y Deporte con un 58,9% contra 41,1%.

En total entre los no funcionarios públicos pero con vínculos laborales con el Estado, las mujeres ocupan el 58,7% de los cargos contra 41,3% de varones.

De los datos precedentes surgen con claridad aquellos organismos con tendencia a la masculinización o feminización de sus cuadros funcionales.

La prevalencia de vínculos laborales con varones en Ministerios cuyas funciones han sido históricamente atribuidas al sexo masculino como la Defensa o la Seguridad continúa en dicha situación, aún cuando en los últimos años ha habido una mayor apertura al ingreso de mujeres.

Los Ministerios identificados con tareas femeninas (educación, cuidado en salud, trabajo con población vulnerable, etc), continúan presentando mayor tasa de mujeres en sus vínculos.

Asimismo dentro de los vínculos con funcionarios públicos de la Administración Central, el total indica que existe una alta prevalencia de varones sobre mujeres a partir de los datos informados. Sin embargo, ello debería relativizarse ya que no se cuentan con datos de organismos donde es conocida la mayor presencia de mujeres como lo es la Administración Nacional de Educación Pública, cuando este organismo cuenta con el 22% del total de vínculos del Estado.

En lo que refiere a la situación en las Administraciones Departamentales la situación a nivel de funcionarios públicos indica que un 66 % de los vínculos son establecidos con varones, mientras que un 34% recaen en mujeres. Por otra parte, quienes no tienen vínculo de funcionario público, la muestra revela que el 37% son vínculos con varones y el 63% son vínculos con mujeres.

Al analizar la distribución por sexo al interior del grupo de funcionarios públicos y de no funcionarios públicos, se observa que en este último las mujeres representan el 60% mientras que para el primer grupo representan un 38%.

 

Siguen las desigualdades

Del Sistema de Información de Género realizado por el Instituto Nacional de Mujeres, se desprende que existen desigualdades en nuestro país en materia de ingreso y ocupación laboral que afectan en mayor proporción a las mujeres.

En este sentido, la feminización de vínculos laborales en la categoría de no funcionarios públicos, podría ser vista como la reproducción de esas desigualdades dentro de la Administración Pública.

Mientras que adquirir la calidad de funcionario público implica acceder a ciertos derechos y condiciones más favorables (inamovilidad, derecho a la permanencia en el cargo y al ascenso, prestaciones y beneficios sociales no básicos), no sucede lo mismo para quienes no poseen la condición de funcionario (contratos de carácter transitorio pudiendo la Administración disponer en cualquier momento su rescisión, sin derecho al ascenso y a la carrera funcional).

Cabe aclarar que al no disponerse de información de la Administración Nacional de Educación Pública, la cual posee un alto índice de feminización entre su personal docente según indica el Censo Nacional Docente 2007 realizado por dicho organismo, la situación mencionada podría verse revertida o reducida en su desigualdades de género.

Los datos proporcionados no son, en principio, concluyentes sobre la Administración Pública uruguaya.

Eventualmente, al constituirse series históricas de esta información, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá proveer indicadores en materia de género dentro del Estado uruguayo.

De esta forma la Oficina Nacional del Servicio Civil continúa profundizando su trabajo en materia de género.

 

CONTRA LA DISCRIMINACION DE GENERO A TODO NIVEL

En oportunidad de la elaboración del informe semestral de Vínculos Laborales con el Estado correspondiente al 31 de diciembre de 2008, la Oficina Nacional del Servicio Civil incluyó un primer informe especial sobre género dentro de la administración pública.

Entre otro de los argumentos para este tipo de investigación se argumenta que tal vez de forma más significativa, la información que se provee sirve a los efectos de entender de qué modo Uruguay avanza en el cumplimiento de las distintas obligaciones internacionales que ha asumido en la materia, como por ejemplo la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Dicha Convención establece: Artículo 7

«Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular garant
izarán a las mujeres, igualdad de condiciones con los hombres y el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales

Nuestro país ha formulado sus normas en materia de igualdad de género a través de la Ley N° 18.104 de 06/03/07, para la promoción de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre varones y mujeres, y la aprobación de Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (Decreto 184/007 del 15/05/07)

Incluir una perspectiva de género de los vínculos laborales que mantiene el Estado, es importante por ser éste un actor relevante en la sociedad uruguaya.