Tres preguntas de la DGI para los inquilinos del Este

La Dirección General Impositiva ajustaba ayer detalles operativos de los controles que, sobre el pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en materia de alquileres, comenzará a desarrollar desde este lunes en la zona Este del país.

Según la normativa, los alquileres que pagan IRPF son aquellos que en el año sumen $ 82.440, unos U$S 4.000 y cuyos propietarios estén dispuestos a que se levante el secreto bancario de sus cuentas, como modo de verificación de que no tienen otros ingresos que pasen el tope establecido para la exoneración ($ 6.183).

Si el propietario no está dispuesto a levantar el secreto bancario, entonces el ingreso por alquileres, sea cual sea, debe computarse para el pago anual del IRPF, junto a otros ingresos como ser salarios o jubilaciones.

Si se pasa el ingreso de los $ 82.440, en todos los casos se debe pagar el impuesto.

Fuentes de la DGI dijeron que se entiende que en Punta del Este y otros balnearios como La Paloma o inclusive Cabo Polonio, un propietario puede fácilmente entre enero y febrero recibir esta suma.

Si bien en materia de precios de alquileres se ha constatado que existen varias categorías, los precios más bajos en Punta del Este y otras zonas del país, señalan un promedio de U$S 80 por día, lo que daría entre la segunda quincena de diciembre hasta fines de febrero, un ingreso que oscilaría en U$S 6.000 para los propietarios o $ 120 mil. La tasa que se aplica es de 12% sobre la renta, pero puede quedar en 10,5% al deducirse los impuestos de Primaria y Contribución inmobiliaria.

 

El procedimiento

Según explicó el director de Rentas, Nelson Hernández, el criterio que utilizarán los inspectores de la DGI para las inspecciones será en fijarse en el valor de catastro de las unidades, para efectuar las entrevistas.

Los inspectores estarán debidamente identificados y efectuarán a las personas que se encuentran en las viviendas tres preguntas.

La primera es si alquila la vivienda, si la respuesta es positiva, la segunda pregunta es cuanto pagó de alquiler y la tercer pregunta es quién es el propietario de la vivienda.

El trámite es ágil, ya que no debe durar más de 10 minutos.

Otro punto importante que aclaró el director de Rentas es que las personas encuestadas (ya sean inquilinos o propietarios) se pueden negar a dar las respuestas. En caso de que se constate que existe un inquilino, la DGI entonces exigirá al propietario el pago del impuesto. De este negarse, la Impositiva iniciará un trámite judicial para el embargo de la vivienda por adeudo de impuestos. Otro punto a aclarar consiste en que sea cual sea la situación del propietario (si pagó el impuesto, si no lo pago, si es un alquiler informal) el inquilino no tendrá ningún tipo de responsabilidad ante la autoridad tributaria.