EL CALLEJON FISCAL

Es cierto que la presión tributaria de Uruguay está por encima de la potencial y, por tanto, no debe subir. Pero es igualmente cierto que tampoco puede bajar, por al menos dos razones. [5] En primer lugar, porque antes de gastar el primer centavo el Estado ya tiene cerca del 60% de su recaudación total comprometida entre el pago de intereses de la deuda y el gasto de seguridad social, que sumaron aproximadamente 17% del PIB en promedio durante el último quinquenio. Dicho de otro modo, el «ingreso fiscal disponible» es muy reducido para cubrir los servicios esenciales de un Estado moderno (salud, educación, seguridad e infraestructura). En segundo lugar, es cierto que la reforma del Estado sigue siendo un asunto pendiente, que la calidad del gasto público debe mejorar y que, en el marco de un pacto fiscal, deberían fijarse controles macro y microeconómicos al gasto corriente. Pero, por otro lado, es muy discutible que el Estado deba gastar menos. Por ejemplo, ¿cuál es el financiamiento que demanda la necesaria mejora de la infraestructura? Por otro lado, Uruguay cuenta con el dudoso privilegio de tener una de las mejores distribuciones del ingreso de América Latina (dudoso porque América Latina es la región más desigual del mundo) pero, a la vez, es el país de menor movilidad intergeneracional de la región y, por tanto, presenta una muy fuerte desigualdad de oportunidades. [6] Entonces, ¿cuántos puntos del PIB necesita gastar el país en educación para corregir esta tremenda desigualdad de oportunidades que se trasmite de generación en generación? Finalmente, ¿cuántos puntos del PIB se necesitan para completar la reforma de la salud e ir a un necesario universalismo básico?

 

Otros candidatos – Si se decidiese bajar la presión tributaria, hay mejores candidatos. Es preferible, por ejemplo, eliminar las contribuciones patronales a la seguridad social, como hemos propuesto con Alberto Barreix desde 2005. En un país con alta desocupación, un subempleo estimado en más del 15%, escasa creación de empleo, que cada vez reacciona menos al crecimiento del producto (elasticidad de 0,33), y un funcionariado público de casi el 20% de la población ocupada, las contribuciones patronales a la seguridad social se podrán llamar «patronales» pero verdaderamente recaen sobre los trabajadores. Su impacto es una mezcla de reducción del salario y del empleo, que la válvula de escape de la emigración ­cerca del 9% de la población sólo en el último decenio­ no ha logrado mitigar. La eliminación de las contribuciones patronales a la seguridad social reduce la «cuña fiscal» ­diferencia entre los ingresos brutos y los netos después de impuestos a la renta y aportes a la seguridad social­ de los sectores de menores ingresos, los de menor productividad y, por este motivo, los más vulnerables en el mercado laboral. Tal cual señala la OCDE reiteradamente, esto (a) mejora sus salarios (y, con ello, la distribución del ingreso) o bien (b) mejora la competitividad y promueve el empleo. Debe recordarse que la administración Lacalle, aunque ahora propone bajar los aportes patronales, fue la única en democracia que los subió y que al final de la misma dichos aportes eran de 14,5%, casi el doble del nivel actual (7,5%).