"Los muertos que vos matáis, gozan de buena salud"

La propuesta alternativa acaba de llegar. En efecto, cuatro años después y a una semana de la segunda vuelta, la oposición anuncia el gradual desmantelamiento del IRPF y el doctor Lacalle promete «con alegría» (¿el wilsonismo también?) la desaparición del impuesto en 2015. Los siguientes comentarios pretenden mostrar que esta propuesta es una mala opción de política fiscal, no es creíble, es (fiscalmente) irresponsable, insolidaria y va a contramano de la historia.

Gradualismo – Lo primero que no se entiende es lo del gradualismo. Si los detractores de la reforma tributaria han repetido una y mil veces que están «filosóficamente» en contra del IRPF, vigente en todos los países desarrollados y emergentes, y que el sistema tributario anterior era menos distorsivo, más justo y más simple, ¿por qué no volver a él cuanto antes? Sería relativamente sencillo regresar al IVA de 23%, al Cofis, al IRP y al Imaba. Es verdad que tomaría unos días más volver al Imessa, el Icosifi, el Impuesto a las Comisiones, el ITEL, el Impuesto a las Tarjetas de Crédito… ¿Sigo? Pero si, como dicen, es una cuestión de principios, valdría la pena. Máxime cuando, como muestra DGI [2], el sistema tributario anterior estaría recaudando más que el actual.

 

Realismo mágico – Consideramos, como veremos más adelante, que aunque la presión tributaria de Uruguay está por encima de la potencial y, por tanto, no debe subir, tampoco puede bajar significativamente. No obstante, aun si se admite que debería bajar, la oposición no es creíble al respecto. Primero, porque dice que no tocará los salarios, ni las inversiones, ni el gasto social y, sobre todo, porque no plantea ni una sola medida concreta para bajar el componente no salarial del gasto, que es el que reducirían. Segundo, ¿con qué medidas concretas de eficiencia se obtendrán 230 millones de dólares de las empresas públicas? ¿Con la misma eficiencia con que se reprivatizaron el Banco Comercial y el Pan de Azúcar? Tercero, no son creíbles porque la presión tributaria de la administración Lacalle estuvo a un nivel superior al actual: 31,5% del PIB en 1990-1994 versus 29,2% en 2005-2008. Y, finalmente, no son creíbles porque el gasto público no sólo no bajó en la administración Lacalle sino que, en porcentaje del PIB, creció más de un 30%, pasando de 27% del producto en 1990 a 35,5% en 1994.

 

La muerte de todo el Impuesto a la Renta – Los augures de las asociaciones de bancos ya no anuncian una fuga masiva de depósitos a causa del IRPF, fuga que, por el contrario, consistió en un aumento del 70% de los depósitos (se volvieron a equivocar, como cuando alentaban a apostar por el peso en 1999, nueve meses después de la crisis de Brasil). No obstante, igualmente la derecha promete la exoneración de los intereses. Me importa citarlo porque, permítaseme, veo aquí una intención implícita de matar no sólo el impuesto a la renta personal sino también el impuesto a la renta empresarial. Me explico. Un sistema de imposición a la renta debe gravar armónicamente todas las rentas: la personal (vinculada al trabajo y a los rendimientos del ahorro), la empresarial (ligada conceptualmente a la inversión) y la internacional (las retribuciones a la inversión, el ahorro y los servicios de no residentes). Si algunas rentas se escapan al impuesto, todo el sistema se compromete. En particular, no gravar los intereses percibidos por las personas naturales residentes alienta prácticas como el back to back (X, persona natural, no paga IRPF por los intereses del préstamo que realiza a su propia empresa, la que sí deduce estos intereses del impuesto sobre la renta empresarial). No retener el impuesto a la renta sobre los intereses remitidos al exterior alienta la subcapitalización (disfrazar de intereses los dividendos remitidos a la matriz). La consecuencia es siempre la misma: un debilitamiento del impuesto sobre la renta empresarial. No por casualidad la recaudación del impuesto sobre la renta de empresas privadas anterior a la reforma tributaria era de las menores de América Latina (1,25% del PIB) y, luego de la misma, ha mejorado significativamente pese a la rebaja de la tasa. Por eso arriesgo a decir que esta propuesta implícitamente tiende a la eliminación de toda la imposición a la renta, lo que implica una fuerte irresponsabilidad fiscal y, como veremos, va a contramano de lo que está haciendo el mundo. Si así fuese, sería bueno que la oposición lo explicitara, como hizo Ceres, que propone minimizar el impuesto a la renta empresarial llevándolo, como Irlanda, al 12% (aunque Irlanda lo complemente con un IRPF de tasas superiores al 40%, que es su mayor ingreso fiscal, 9% del PIB) y como hizo el Partido Colorado, que sostiene que es necesario eliminarlo.

 

Jubilaciones: jugando para la tribuna – Para empezar el desmantelamiento, han elegido el IASS. Es difícil, si no imposible, encontrar un argumento válido para proponer «alegremente» que el 14% de las pasividades más altas no pague IASS (al resto de las pasividades el impuesto no las alcanza y, aproximadamente, sólo el 10% de las mismas paga más que antes, cuando estaban gravadas por el IRP). Antes de nada, no olvidarse que durante la administración blanca todas las jubilaciones pagaban el IRP. El argumento de que las pasividades (más altas) no deben gravarse porque quienes las perciben, ya retirados, no tienen defensa alguna, no tienen modo de recuperar el poder adquisitivo que les quita el impuesto, no es de recibo. La obligatoriedad de ajustar las pasividades en función de la evolución pasada del IMS supone que la productividad de los trabajadores del sector privado, que empuja el IMS, hace crecer las pasividades. A su vez, los salarios del sector público, que frecuentemente se ajustan por encima de la inflación sin criterio alguno de medición de productividad, también empujan el IMS y, en consecuencia, incrementan las pasividades. (El Estado uruguayo «crea» productividad por decreto y la Constitución la multiplica). Por tanto, la productividad real del sector privado y la productividad ficta del sector público son la defensa de las jubilaciones.

No gravar el 14% de las pasividades más altas es irresponsable porque olvida que el gasto previsional de Uruguay fue, en la última década, 13,5% del PIB (sumando al BPS las pasividades militares y policiales), casi un 40% del gasto total del gobierno general, aproximadamente diez puntos más que Japón, Alemania e Italia, los tres países más envejecidos del mundo. Es irresponsable porque no tiene en cuenta que la seguridad social uruguaya presenta un altísimo déficit, de más de 5% del PIB en la última década, que requirió de una asistencia financiera superior al 60% de los ingresos del gobierno (25% de la recaudación del IVA, entre otros aportes). Y es irresponsable porque pasa por alto que una de las causas del déficit de la seguridad social, de más de 5% del PIB en la última década, aunque ciertamente no la única, es el pago de jubilaciones contributivas por las que no se realizaron los aportes que la ley marca. En 1997, el Prof. Camacho (BPS) estimó que un 23% de las erogaciones del BPS correspondía a jubilaciones por las que no se habían hecho los aportes tal cual exigía la normativa. [3]

Finalmente, casi el 50% de los niños menores de 5 años están debajo de la línea de pobreza, en tanto sólo cerca de un 5% de los mayores de 65 años está en esa situación. Aproximadamente el 10% de los niños vive en hogares indigentes, cifra que alcanza al 3% de los mayores de 65 años. Uno de cada dos habitantes de los asentamientos es menor de 18 años y, por suerte, sólo el 5% de los mayores de 65 años. Los mayores de 65 años reciben más del 65% del gasto social, en tanto los menores de 5 años se benefician con sólo el 5,5%. La catastrófica situación de la juventud uruguaya ­el futuro del país, su cohesión social y su estilo de vida republicano­ ¿no amerita la justicia intergeneracional de las pasividades más altas del sistema de seguridad soc
ial más deficitario del mundo? Con prácticamente uno de cada dos niños pobre y uno de cada dos pobres niño, ¿no se está activando una bomba de tiempo por falta de (igualdad de) oportunidades?

 

¿El IRPF es concentrador? – La derecha niega la capacidad redistributiva del IRPF. Para ello, se basa en una premisa enunciada (y no demostrada) por Ceres en 2007, según la cual el impuesto se pasa de la mano de obra calificada a la no calificada (en su ejemplo, de los abogados, que nunca pagaron IRP, a las secretarias, que sí pagaban IRP). Dicho de otro modo, por casi un siglo toda la academia se habría equivocado al señalar como principal virtud del impuesto sobre la renta personal su poder redistributivo. Según Ceres, el mayor pilar fiscal de las economías desarrolladas de mercado, el impuesto que más ha recaudado en la historia de la Humanidad, que más recauda actualmente y sigue creciendo, no es redistributivo sino, por el contrario, concentrador. Si esto fuese demostrado, cambiaría la historia fiscal del mundo. Por el contrario, todos los estudios disponibles (DGI, Instituto de Economía, Banco Mundial, Cinve, BID-Unión Europea) muestran que la estructura del impuesto que inició el «dual a la uruguaya» (y que hoy han adoptado países tan disímiles, política y económicamente, como Alemania, España, Eslovenia o Perú) es fuertemente redistributiva.

 

Redistribuir con el gasto público – El doctor Lacalle ha sostenido reiteradamente que la herramienta para redistribuir es el gasto público social. Es verdad que todo el gasto público social es casi cuatro veces más redistributivo que el sistema impositivo pero, instrumento a instrumento, el IRPF es de los más redistributivos. ¿Por qué? Porque no sólo es fuertemente progresivo sino porque tiene una alta capacidad recaudatoria, las dos condiciones necesarias para redistribuir. Por ejemplo, las transferencias (condicionadas) de efectivo son más progresivas, porque se concentran prácticamente en el 5% más pobre de la población, pero es inimaginable un programa tipo Panes de 2,5% del PIB, que es, aproximadamente, la recaudación del IRPF actual. Confundir progresividad (la mitad de la película) con redistribución es un error frecuente. Menos frecuente es equivocarse, como lo hace reiteradamente el doctor Lacalle, asegurando que hay «gente que le ha dicho al patrón: ‘No me aumente, porque si me aumenta 500 pesos y cambio de categoría pago mucho más que los 500 pesos que usted me está dando’ «. [4] Ningún aumento del salario bruto (antes del IRPF) provoca una disminución del salario líquido (después del IRPF). Ninguno. Esto nunca pasó, no pasa y no pasará con el IRPF. Quizá la confusión del doctor Lacalle venga de que esto sí pasaba con su Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP).

 

El síndrome de la clase media- La derecha insiste, con deshonestidad intelectual, en que el IRPF recae sobre la clase media. Nuevamente, todos los estudios disponibles muestran, por el contrario, que el 80% del impuesto lo paga el 20% más rico de la población, que tiene más del 52% del ingreso, y que la clase media paga menos que antes. Es intolerable que se use el síndrome de la clase media para desgravar nuevamente todas las rentas de capital mientras que los dos deciles más pobres pagan el 15% de su ingreso en concepto de IVA, siendo los que concentran a los niños pobres (casi la mitad de los niños en Uruguay son pobres). La «clase alta» es un concepto relativo a un espacio (Uruguay) y a un momento (hoy). Aunque los ricos de Uruguay parezcan clase media en relación a los de Brasil, son ellos quienes deben hacer el mayor esfuerzo para financiar la cohesión social en este espacio (Uruguay), en este momento (hoy). No cuenten con los ricos de Brasil para esto. La derecha centroamericana, que lleva las marcas de la falta de cohesión social en el lomo, lo ha comprendido; la uruguaya, por el contrario, quiere matar el impuesto a la renta personal. Si el 10% de mayores ingresos, aunque tenga en promedio más de 30 mil dólares de ingreso per cápita, es solamente, según la definición «técnica» de un conocido politólogo, «clase media holgada», habremos descubierto que nadie tiene poder de contribuir en Uruguay. Esta repetición, goebbeliana y suelta de cuerpo, nos está llevando al absurdo de creer que, pese a tener peor distribución del ingreso que todos los países desarrollados, todos los emergentes y hasta algunos africanos, Uruguay no tiene clase alta.

 

NOTAS

[1] Por ejemplo, el Dr. Ferrere, entre otros, ha insistido en que el IRPF fomenta la migración. Se olvida de que antes de que estuviera en vigencia se fueron 1 de cada 6 uruguayos (récord latinoamericano) y que, además, emigraron a países con muy altos impuestos sobre la renta personal. Irónicamente, y aunque la reforma tributaria poco tenga que ver, desde 2008 los flujos migratorios se han revertido.

[2] DGI: Boletín Estadístico 2008

[3] Camacho, L. (1997): «Elementos generales del financiamiento del nuevo sistema previsional uruguayo». BPS.

[4] Por ejemplo, en El Espectador, 28 de mayo de 2009.

[5] «O desafio fiscal do Mercosul», Alberto Barreix, Luiz Villela y Jerónimo Roca. En «Tributación para la Integración del Mercosur»; Vito Tanzi, Alberto Barreix y Luiz Villela, editores. BID. 2005.

[6] Calónico, S. (2006): «Pseudo-panel analysis of earning dynamics and mobility in Latin America». BID.