Lecheros canarios exigieron a futuro gobierno que recupere competitividad
Al término de una reunión llevada a cabo ayer en la capital canaria y en la que participaron más de cien productores, la misiva presentada por la Agremiación Tamberos de Canelones (ATC) recibió la aprobación de los presentes, que incluso se llevaron una copia para presentar en los próximos días ante las sucursales bancarias donde están radicadas sus deudas.
«Como es de su conocimiento, el sector agropecuario se encuentra sumergido en una de las crisis más profundas de su historia, como consecuencia de una rentabilidad negativa que tiene su origen en una traslación de recursos desmesurada a otros sectores de la economía (forma de atraso cambiario, tarifas públicas cargadas de impuestos, etc.), en los precios internacionales de las materias primas muy deprimidos como consecuencia de fuertes subsidios de los países desarrollados, de la devaluación de Brasil y por último de esta grave sequía», señalan los endeudados productores en el comienzo del citado texto, el cual está dirigido a los gerentes de las respectivas instituciones.
Ese sentido, destacan que «el subsector lechero no escapa a esta dramática realidad, pero con un agregado que no es común en otros sectores agropecuarios: el lechero remite todos los días su producción (aunque sea poca en este momento), pero también gasta todos los días energía, (UTE, gasoil), sueldos, ración, reparaciones, semillas y fertilizantes, los que no puede parar de gastar».
«Por lo tanto, mi situación es extremadamente débil, debiendo priorizar los escasos recursos disponibles a la compra de alimentos para el ganado, a la preparación de la tierra, ensilar (aunque sea ‘chala’), a pagar UTE, BPS, sueldos (cuando se puede) y atender las obligaciones mínimas de mi casa, que cada vez son menos», afirman.
Para cada uno de los productores que suscribieron la carta, «en ese entorno es imposible que pueda distraer recursos para atender mis obligaciones financieras, y si así lo hiciera sería un pésimo administrador, porque mi obligación es mantener el establecimiento produciendo, defender mi fuente de trabajo, la de mis empleados e indirectamente la de los miles de funcionarios de la industria láctea, distribuidores, etc., y no privilegiar a un acreedor frente a otro».
«Resumiendo: de ninguna manera puedo continuar haciendo pagos al banco de ninguna naturaleza hasta que la situación productiva se normalice y el resto de la economía sea consciente de que debe devolver al campo parte de lo que recibió del año 1990 a la fecha. Y para salir de esta crítica situación, en la cual el productor es socio con sus acreedores (así lo han entendido los proveedores de insumos, los talleres, el que hace servicios), el Estado deberá plantearse qué hacer con el alto costo de la energía, las multas del 10% o más por atraso y el sistema financiero», explican. Sostienen que los bancos «deberán analizar las deudas desde su origen, las formas de actualización, los montos finales y el tiempo adecuado de pago», agregando que además «tendrán que aportar fondos frescos en forma inmediata con las garantías ya existentes para que se puede continuar produciendo aunque sea en forma pasiva, de modo que cuando la situación climática se revierta, se tenga la máquina en producción y no haya que tener que arrancar de cero». «Espero que sepan comprender la grave situación por la que atraviesa el sector, y que la única alternativa de recuperar las inversiones realizadas tanto en el sector productivo como en el industrial pasa por recuperar que la cadena agroindustrial no se rompa en su origen, que somos los productores», concluyen.
Planteos al gobierno
Durante el encuentro de la víspera también se arribó a una resolución de seis puntos, donde se reclama textualmente: Solicitar «el diferimiento de todos los pagos hasta que se revierta la actual situación, sin que esto genere nuevos intereses y el reperfilamiento y estudio del origen de las deudas, y que la banca privada tenga un comportamiento similar a la banca pública». Además reclaman al gobierno el «aporte de fondos frescos en forma inmediata con las garantías ya existentes» y piden a Conaprole que «realice los mismos esfuerzos que está realizando la familia tambera y que esos nuevos ahorros se trasladen directamente a la liquidación de las remisiones de los productores». En otro de los puntos se exige al gobierno entrante que «recupere la competitividad de todo el sector agropecuario a través de bajar el costo del Estado».
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