Fin para el litigio entre la DGI y Tienda Inglesa

El caso DGI versus Tienda Inglesa llegó a su fin con un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Henderson y Cia (Tienda Inglesa) habían solicitado una acción de nulidad contra una resolución de 2006, emitida por la Dirección General Impositiva, que resolvió solicitar al Juzgado competente la clausura de las 14 sucursales de Tienda Inglesa por el término de 6 días. Según la defensa, luego de siete meses de inspección, el 7 de agosto de 2006, la DGI concluyó que Tienda Inglesa no cometió defraudación, «por lo que la sanción de clausura es improcedente» según se señala en el expediente.

El Tribunal indica, no obstante, que «la decisión tiene más que nada carácter testimonial, por cuanto en los hechos, la situación generada por el acto en proceso actualmente, se ha revertido por pronunciamientos del Poder Judicial y resolución de la propia Administración demandada», o sea, nunca se llegaron a clausurar los locales.

El abogado defensor de la empresa, Alberto Varela, de la firma Ferrere, señaló ayer a LA REPUBLICA, que en dos sentencias, la Justicia, nunca hizo lugar a esta clausura.

Varela explicó que «cuando se van a imponer sanciones, antes hay que escuchar los argumentos del sancionado, pero esto no quiso hacer la DGI en el pasado. Fue por eso que interpusimos éste recurso».

Si se hubiera procededido a la clausura, y con esta sentencia, el Estado se hubiera arriesgado a un juicio multimillonario por daños y perjuicios.

Expresó que «esto demuestra que la administración pública no hay que llevarla adelante con un fin mediatico», reconociendo que la actual administración impositiva presenta un perfil más bajo que la anterior, en su exposición ante los medios.

Varela dijo que uno de los hechos más positivos dentro de las políticas de Estado, fue la reforma de la DGI, iniciada en el gobierno de Batlle, votada por todos los partidos políticos y continuada por la gestión de Vázquez.