DIAGNOSTICOS, INTERVENCION E INFLACION

Uruguay es un país que ha distribuido su superávit primario acumulado en los últimos cinco años en pago de la deuda social y del servicio de deuda pública generando reservas netas que, ahora, parecen escasas para enfrentar las contingencias de una extensión mayor de la crisis. Los análisis de perspectivas más confiables -no la mediana de consultores y bancos que dice poco y se ha equivocado sistemáticamente- coinciden en que el país comenzará a sentir los impactos mayores de la crisis a mediados del segundo trimestre del año. El gobierno, preocupado por las consecuencias de un impacto mayor sobre el mercado de trabajo y eventuales desequilibrios en otras áreas aún más sensibles se ha empeñado en imaginar políticas de reactivación de una demanda interna que ha comenzado a ceder un poco más rápidamente de lo pensado. Es una actitud lógica la que, sin embargo, pudiera subestimar los efectos de una desconfianza creciente en la calidad del diagnóstico con el cual se maneja al diseñar y ejecutar esas políticas. Esa sospecha de ablandamiento de algunas disciplinas monetarias, fiscales y financieras tiene el fundamento de una larga historia de descuidos y subestimación de la estabilidad de precios como valor ético y única plataforma confiable a partir de la cual ejercitar el resto de las medidas de reactivación, etcétera.

Esa sospecha se vincula con una más general: la capacidad real que tiene el sistema de representación política actual para abstraer la gestión de crisis de las presiones y condicionamientos de las batallas electorales. En tanto, los problemas de la demanda y precios son serios, pero no tan decisivos como aquello que tienen que ver con la credibilidad y la reputación de las instituciones encargadas de preservar la estabilidad, los contratos, la sustentabilidad de las reglas en las cuales se promueve realmente, o no, la inversión y el ahorro -el BCU es el único regulador monetario en América Latina que incumple sistemáticamente sus metas en materia de estabilidad a lo largo de más de dos años continuos. 1 /

El gobierno tiene en la batalla inflacionaria una amenaza seria, pero en ella tiene, además, una oportunidad interesante para disminuir esa sospecha que, de prosperar pudiera tener efectos peores que el cierre de un gran mercado o los de la propia sequía.

Es inimaginable que cualquier plan de reactivación de la demanda y estímulo a la inversión soslaye que Uruguay es uno de los peores países de América Latina en materia inflacionaria. Es inadmisible en tanto, que nos contentamos con soportar ese impuesto inflacionario, opaco y antidemocrático, que erosiona como una mano negra el el ingreso real de los uruguayos más débiles -es el único no expuesto al control legislativo y aquel al que usualmente recurren implícitamente los gobiernos que no se animan a explicitar los ajustes que de una u otra manera terminan haciéndose.

1/ En la edición de mañana se publicará la información al respecto.