
Las declaraciones realizadas esta semana por el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Gerardo Gadea sobre la constatación de presuntas actividades irregulares en la actuación de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, ya tuvieron sus consecuencias, puesto que han comenzado investigaciones “a fondo” que en pocos días ya definieron la necesidad de sumariar a un funcionario que es profesional atento a que “se constataron irregularidades en la sustanciación de expedientes”.
La Dimanige aporta 8 millones de dólares por cánones y otros ítems al MIEM y es considerada una Dirección estratégica, habida cuenta del desarrollo que ha estado viviendo la minería en el país. Es más, en estos días se supo que el proyecto de Río Tinto, de levantar un puerto en Agraciada es, en estos momentos, evaluado por los nuevos propietarios (brasileños) de la empresa, a propuesta de nuestro gobierno y que otra empresa ha anunciado su interés en realizar una importante inversión en el Este de nuestro país, en busca de hierro.
Existe preocupación en la administración a causa de sendos informes de la Auditoría Interna de la Nación y de una consultora privada, en las cuales se constatan “debilidades muy importantes en el control interno y falta de oposición de intereses en una oficina que no funciona adecuadamente”, dijo Gerardo Gadea a LA REPUBLICA.
Por ello el Ministerio de Industria comenzó a tomar una serie de medidas inmediatas para “corregir todos estos aspectos complejos”. A modo de ejemplo, al repartición estatal no cuenta con un registro fidedigno de empresas y personas físicas que trabajan en el sector minero. Gadea anunció que modificará el accionar de las servidumbres y se dotará de mayor infraestructura y otro sistema para realizar controles ya que los que se realizaban hasta ahora eran “previsibles”.
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