El gobierno se asegura  financiamiento externo

Las instituciones multilaterales de crédito han comenzado a ser demandadas por los países en condiciones muy diferentes de las prevalecientes en el período de la bonanza.

Focalizadas desde la periferia del sistema, estas relaciones comienzan a establecerse sobre la base de una nueva exigencia de responsabilidad en el equilibrio global, planes de reestructura con más participación de los países emergentes en la toma de decisiones y, a la vez, de solicitudes de asistencia que crecen diariamente.

La semana pasada el FMI disminuyó sus estimaciones de crecimiento de la economía global al 0,5% en 2009, a la vez que las multilaterales comenzaban a concentrar su atención en el deterioro de la demanda y condiciones de acceso en países esenciales para las exportaciones de base agropecuaria nacional: los asiáticos y Brasil.

 

Margen amplio

Uruguay no es ajeno a este nuevo proceso de demanda de crédito de las multilaterales. El BM aprobó hace unos días un crédito extraordinario de US$ 400 millones.

En los dos últimos meses, el gobierno ha comenzado a demandar asistencia crediticia extraordinaria con más urgencia.

Si bien el programa financiero para 2009 y su proyección para 2010 no preveía desequilibrios mayores, la extensión del cierre virtual que tienen los mercados internacionales de crédito para países en las condiciones de Uruguay, obligan a retomar la gestión de financiamiento con los organismos multilaterales en condiciones tales que posibiliten una afirmación de la confianza a nivel local.

El equipo económico no tiene aún una estimación sobre los niveles de endeudamiento agregado que requerirá el financiamiento de un déficit de las cuentas públicas al término del presente año, el que ahora ya no se ubicará en el entorno de un punto del producto.

Dado que el programa de pagos de la deuda externa no ha debido soportar vencimientos fuertes en los últimos meses, las condiciones más restrictivas del mercado internacional no han revertido el proceso de mejora de la vulnerabilidad financiera habilitando de tal manera al gobierno ha realizar operaciones que afirmen la sustentabilidad en una perspectiva de aumento de las necesidades de caja.

La deuda neta del sector público había sido reducida más de lo previsto de 80% del PIB en 2003 a 30% en el tercer trimestre de 2008.

En consecuencia, pese al principio de crecimiento que muestra el endeudamiento admitido, hacia fines de 2008, el gobierno mantenía aún un margen considerable entre el tope legal y el endeudamiento neto para la contratación de nuevos préstamos teniendo en cuenta que la Ley de 2006 habilita además al Poder Ejecutivo a incrementar hasta en un 50% el tope de endeudamiento admitido, dando cuenta de las circunstancias extraordinarias a la Asamblea General.