El gobierno se esfuerza en cumplir compromisos acordados con el FMI

Si bien recientemente hubo algunos ajustes en lo referente a las metas fiscales del gobierno frente al Fondo, los principios básicos en cuanto a las reformas se mantienen.

El documento remitido en abril del año pasado al por entonces director gerente interino del FMI, Stanley Fischer, que lleva la firma del presidente Batlle y del ministro de Economía, Alberto Bensión, incluía un capítulo con respecto a las reformas estructurales a implementarse y los plazos para su puesta en marcha.

Algunas de estas reformas, dentro del cronograma acordado, se han cumplido, pero ahora vendrán otras importantes, como las reformas de las cajas paraestatales.

La eliminación de la sobretasa de los aportes de las empresas públicas a la seguridad social se pudo aprobar mediante la primer Ley de Urgencia.

En este sentido, en el memorando de política económica de abril del año anterior, el gobierno le anunciaba al FMI que remitiría al Parlamento un proyecto de ley para eliminar la sobretasa de contribuciones a la seguridad social (12%) en 12 pasos trimestrales de un punto porcentual cada uno, entrando en vigor la primera reducción en enero de este año.

El otro punto es aquel que hace mención a la revocación del impuesto a la compraventa de moneda extranjera (Icome) que pagan las empresas públicas, que el gobierno se había comprometido a eliminar antes del 1º de enero de este año.

Esta última iniciativa estaba incluida en la Ley de Presupuesto, pero, ante una suba de las partidas para las intendencias, el Poder Judicial y la Universidad, se decidió dejarla sin efecto, ya que de haberse seguido adelante y de ser aprobado, el déficit del presupuesto se hubiera excedido en U$S 100 millones.

Según fuentes consultadas, el FMI no realizó mayores reparos, ya que la intención del organismo internacional es mantener un presupuesto lo más equilibrado posible y dentro de la Ley de Presupuesto se estableció que el referido impuesto podrá bajar en la medida que mejore la recaudación fiscal.

Se estima que esto podrá acontecer en el año 2002.

Balances

Entre las metas acordadas estaba la de reducir los retrasos en la presentación de la información monetaria del BROU y del BHU al Banco Central, a fin de que se presente con el mismo desfase que los bancos privados, lo que se ha cumplido.

También se ha cumplido con los informes sobre la situación de las empresas no financieras del sector público (Ancap, UTE, Antel, OSE, AFE y ANP) aunque hay retraso sobre los informes trimestrales del sector financiero, o sea el Banco República, el Banco Hipotecario y el Banco de Seguros.

En este sentido el acuerdo establecía que esos informes se debían dar a conocer antes de fines del año pasado, donde se debían incluir datos del balance general.

Este año estará signado por la mayor reforma que dentro del sistema previsional se deberá realizar.

El acuerdo indica que antes de fines de marzo se deberá remitir al Parlamento un proyecto de ley de reforma de las cajas de Jubilaciones y Pensiones, como ser las del sector bancario, profesionales universitarios, escribanos públicos, Policía y Fuerzas Armadas.

En el caso de las dos últimas mencionadas, reciben por año más de 300 millones de dólares de asistencia financiera desde el gobierno central.

Si bien no existe por el momento una idea acabada sobre los contenidos de los proyectos, en el caso de las cajas «privadas» (escribanos, profesionales y bancarios) se intentará elaborar propuestas que contengan una mínima resistencia de los sectores mencionados. En este sentido se ha solicitado a los involucrados que envíen sus proyectos al Poder Ejecutivo y este, después de efectuarle modificaciones, si lo considera conveniente, los remita al Poder Legislativo. También antes de marzo el gobierno se comprometió a concluir la auditoría externa independiente del BROU, BHU, y BSE, como asimismo las auditorias internas de Ancap, UTE, Antel, OSE y AFE.

Antes de junio

Para antes de fines de junio, los compromisos del Poder Ejecutivo con el FMI pasan principalmente por la difusión de información auditada externamente sobre las empresas públicas. Sobre mediados de año se deberá publicar un informe sobre las empresas públicas del sector financiero y del no financiero que fueron mencionados. Los informes deberán incluir cuadros resumidos de los resultados de operaciones, flujo de caja y balance general. Por otra parte, los informes anuales auditados subsiguientes deberán publicarse con un desfase que no excederá los cuatro meses.

Otro punto que se deberá aprobar antes de junio es aquel que crea la normativa por la cual los bancos privados y públicos colocarán obligaciones en el mercado de capitales equivalentes, como mínimo, al 2% de su base de depósitos.