Se intenta dotar al financiamiento productivo de mayores garantías

El gobierno intentará en los próximos días lograr media sanción legislativa para uno de los proyectos de ley que consagraría una regulación estricta del mercado de capitales. El ministro de Economía ha instado a la bancada oficialista a un tratamiento urgente de la iniciativa, lo que exigiría el levantamiento del receso próximo.

La intención del Ministerio de Economía y del Banco Central consiste en crear una red de seguridad capaz de preservar el área de financiamiento no bancaria de eventuales percances, similares a los que en 1998 derrumbaron la posibilidad de que Uruguay tuviera un mercado de valores apto para el encuentro de la demanda de financiamiento de la inversión y la oferta del excedente o el ahorro nacional a tales efectos.

Este tema viene siendo discutido en diferentes ámbitos de gobierno y la actividad privada desde el mismo momento de la instalación del nuevo gobierno. Apenas instalado el equipo económico, la modificación de la Ley 16.749 de mayo de 1996 aparecía como una prioridad. Dicha Ley -conjuntamente con la de fondos de inversión- estableció por primera vez en la historia un marco formal en ese mercado. El principio en el cual se inspiró entonces la construcción del marco legal del mercado nacional de valores fue el de la autorregulación. Y si bien estableció en el Banco Central la responsabilidad que en otros países asumen comisiones de valores relativamente independientes, las Bolsas y operadores del mercado rigieron sus conductas sobre la base de una gran libertad de acción.

En aquel momento, ese principio de autorregulación contaba con una amplia adhesión en la política y era, por defecto, la única posibilidad disponible en la medida en que el Banco Central de entonces no contaba con ninguna posibilidad de construir y fiscalizar un conjunto de normas elementales de seguridad.

 

Opacidad y fractura del mercado

A poco más de un año de vigencia del nuevo marco normativo y en el entorno de una expansión excepcional de emisiones de deuda privada utilizando las facilidades de las Obligaciones Negociables, un fraude de US$ 80 millones inició la precipitación del mercado de valores local en un abismo de desconfianza que, la crisis de los sectores productivos iniciada en 1998, terminó de ahondar. En la actualidad ha desaparecido la industria de los fondos de inversión, la emisión de títulos de deuda privada y pública expuesta al público es prácticamente nula y las fuentes de financiamiento de la producción han quedado reducidas a un sistema bancario, que no está preparado para financiar inversión de largo plazo, o, a mecanismos artesanales incapaces de facilitar con la seguridades necesarias el encuentro de la producción y el ahorro nacional.

 

Nuevas necesidades y urgencias

El problema es que ha pasado el tiempo y el desarrollo productivo se ha ido procesando sobre estas bases de financiamiento escasas, sin que la existencia de un mercado nacional de valores permitiera además que el excedente y el ahorro nacional disponga de opciones de inversión en algo más que deuda pública o debiera exportarse a otros países. Esta realidad es particularmente lesiva para el desarrollo de las empresas nacionales, afecta fuertemente el potencial de desarrollo de las Pymes y desde el punto de vista del ahorro, complica enormemente la inversión de los fondos de ahorro previsional en el país.

La urgencia del gobierno en reformular el marco legal del mercado ha sido expuesta con insistencia por el ministro García en los últimos días a la bancada oficialista y se aguarda que en la semana que se inicia, una vez resuelta la aprobación del fideicomiso de la salud, los diputados del oficialismo intenten aprobar el proyecto que para su aprobación en general contaría con amplias mayorías iniciales.