Extranjerización de la tierra en la agenda política de 2009

El sistema político ha asistido al fenómeno de modo tal que no lo considera un problema, postura que, según algunos actores sociales, no ha sido nunca consultada en las urnas y no fue tema en la campaña electoral anterior, ya que lejos se estaba del escenario que transformó el país en este aspecto, durante los últimos años.

Otros indican que nadie quiere hablar de un fenómeno que contradice visiones y acciones políticas que tuvieron, décadas pasadas, importantes dirigentes y partidos políticos del Uruguay. Y se preguntan cuándo y dónde definieron que este tema dejó de ser un problema estratégico que se vincula al desarrollo de la nación.

La no intervención del Estado en este sentido ha sido defendida por la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y por los agentes inmobiliarios. Alguno de ellos, consultado por LA REPUBLICA, contó que hubo gente que vendió campos que le daban poca renta anual a precios insospechados, negocios que le solucionaron la vida a ellos y a sus hijos.

Pero hay otra campana. De modo similar a la comisión en defensa del agua, que llevó adelante un plebiscito para laudar en las urnas la soberanía sobre ese recurso, fue creada una que trabaja en defensa de la soberanía sobre la tierra. «De qué vale tener el agua, si la tierra uruguaya es propiedad de los grandes capitales que dominan el mundo actual», se preguntan militantes por esta causa.

 

Moratoria

Esta semana, miembros de las organizaciones sociales que llevan adelante la recolección de firmas para plebiscitar una reforma constitucional en la materia visitaron el Parlamento. Fue entregado a los legisladores un borrador con un proyecto de ley para que se decrete una moratoria de venta de campos a extranjeros, medida provisoria que estaría vigente hasta que el pueblo laude en las urnas.

LA REPUBLICA consultó a Andrés Briozzo, presidente de la Sociedad de Productores de Colonia: «Sabemos que no están los votos para aprobar la moratoria, si hubiera voluntad en el sistema político para abordar con seriedad este tema, no tendríamos que estar nosotros buscando soluciones», comentó.

El tema no tiene debate político. pues divide a los dirigentes de los principales partidos del país. Briozzo consideró que la iniciativa se debe ver como el uso de la democracia en todo sentido. «Si alguien considera que de esto no se puede hablar, es porque no es democrático», sentenció. Agregó que «el candidato que quiera ser presidente y que no tome en cuenta este tema, no merece ser apoyado por el pueblo».

 

Extranjeros con dólares

Andrés Briozzo recordó que el 95 por ciento de los países del mundo tiene restricciones a la venta de tierra a extranjeros. Afirmó que Uruguay «está regalado, los inversores vienen y pueden comprar todo». Contó que las noticias que llegan desde Europa señalan que la tendencia no se revertirá y que luego de que termine la crisis, los pocos, que cada vez concentran mayor capital en el mundo, tienen como prioridad sus inversiones en tierra y tecnología. En este aspecto destacó que Sudamérica es una de las zonas más apetecidas por los inversores ya que su potencial productivo de alimentos y el bajo valor de la tierra son convenientes.

 

Falsa visión

Briozzo consideró que «los ministros de Economía nos hacen creer que los extranjeros que vienen y compran campos son inversores, sin embargo es una falsedad, ya que el país ya tiene la tierra, la inversión extranjera que sirve es la que instala una fábrica, la que aporta tecnología para producir mejor, pero la tierra es un recurso del país, de sus habitantes y lo único que se hace es extranjerizarla», sentenció. «Le estamos dando la oportunidad a gente de mucho dinero y se genera evasión de riqueza», consideró.

 

Fin social

Las autoridades del MGAP han definido que la tierra tiene un fin social. Briozzo dijo que «coincidimos con Agazzi en ese planteo y si el gobierno no ha tomado medidas en el asunto, es porque no tiene los votos como para hacerlo, ya que hay diversas visiones sobre el tema dentro del Frente Amplio», dijo.

El dirigente rural relató que también en el Partido Nacional hay contradicciones: «Los Blancos se llenan la boca con Wilson, pero nunca recuerdan su preocupación sobre el tema de la tierra, que consideraba la reforma agraria, la distribución de campos, el control sobre la extranjerización. Tampoco Wilson lo pudo hacer, ya que no había votos suficientes en las cámaras». Briozzo dijo que «a nuestro país le falta soberanía política como para poder decidir sobre este tema; los grandes poderes económicos tienen mayor fuerza, fenómeno que se agudizó y se seguirá profundizando. Un país rico como el nuestro tiene tantos pobres porque no se distribuye, y cada vez la concentración económica es mayor», dijo.

 

A las urnas

El proyecto de moratoria no será aprobado, «queremos que quede claro que si estamos llevando adelante el plebiscito es porque hemos perdido las esperanzas de que los legisladores actúen», dijo. Recalcó que el tema lo debe decidir el pueblo en las urnas.

Se llevan recolectadas 30 mil voluntades, de las 250 mil que se necesitan para modificar el artículo 32 de la Constitución. El referido artículo dictamina sobre el derecho de propiedad; la modificación agrega que la tierra en Uruguay sólo puede ser adquirida por ciudadanos naturales y legales, lo que determina que un inmigrante seguiría con posibilidades de instalarse en el país. Briozzo dijo que «no es lo mismo un inmigrante que un extranjero». Y agregó que el problema lo generan las grandes empresas extranjeras que llegan mediante la forma de sociedades anónimas.

Briozzo indicó que «este gobierno sacó una ley que prohíbe la compra de tierras a sociedades anónimas, pero dejó la puerta abierta, excepciones que han determinado que las empresas más grandes, las que más extranjerizan, hayan sido autorizadas a la compra de campos», señaló.

La reforma también plantea que se limite la cantidad de campo que una persona pueda tener. En este sentido se faculta al Poder Legislativo para que fije el límite, agregó.

El presidente del Movimiento de Productores de Colonia contó que el 99 por ciento de las organizaciones sociales ha apoyado la iniciativa, entre ellas el PIT-CNT.

No se le ha pedido apoyo a la Asociación Rural del Uruguay (ARU), ya que su postura contraria a la enmienda ha sido pública; tampoco a la Federación Rural (FR) que, según Briozzo, está dividida. Dijo que «de las cincuenta asociaciones, hay muchas que apoyan la reforma y en los últimos congresos el tema ha estado sobre la mesa».

 

El país no tiene precio

Sobre la postura oficial de la ARU y la FR, consideró que argumentan que el precio de la tierra ha aumentado de modo considerable gracias a la competencia de las grandes empresas extranjeras. Briozzo consideró que «no es un argumento válido, ya que el futuro de un país no se puede vender, el nacionalismo debe poblar nuestros corazones y que el pueblo decida», sostuvo.

Hasta el momento, la campaña de recolección se realiza con poco aparato, lentamente, sin embargo se espera que el PIT- CNT pueda mover su estructura en este aspecto. Briozzo es optimista en cuanto a poder conseguir las firmas y dijo que de diez personas que son consultadas, ocho están a favor de que este tema sea dirimido en las urnas.