REGULACION Y LIBERALISMO EN LA DISCUSION DEL PROYECTO DE LEY DE MERCADO

Luego de una serie de negociaciones previas, el Poder Ejecutivo envió, el mes pasado, un proyecto de Ley de Mercado de Valores, mediante el cual, la actual administración intenta completar lo que ha sido llamado el pilar reformista del programa económico y político para el actual período. El proyecto es tan oportuno como polémico y útil para mejorar el nivel de la discusión principal.

Ese proyecto debía haber comenzado a ser discutido en la cámara baja esta semana y tiene una prelación cuyo fundamento está contenido en el Mensaje que acompaña la iniciativa: La experiencia de doce años largos de vigencia del marco actual ­Ley 16.749 de mayo de 1996 esencialmente­ y el desbarajuste actual de los mercados internacionales, determinan la urgencia con la cual este gobierno intenta modificar la seguridad y transparencia de los mercados bursátiles del país.

A tales efectos se corrige la institucionalidad actual modificando atribuciones y responsabilidades de los agentes del mercado, se crea una comisión de promoción y asesoramiento al Poder Ejecutivo, y se modifica la tributación imponible a los agentes, inversores, accionistas o tenedores de valores. Pero, esencialmente, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo y al Banco Central a incrementar ­peligrosamente dicen algunos­ la regulación actual.

De hecho, se presume que, desde un área del BCU instituida en Comisión de Valores y lo que pueda aportar esa Comisión de Promoción, se intentará, por la vía de la reglamentación de la Ley y las normas futuras, construir un sistema de seguridad y transparencia de potencia similar a la que hoy destaca al sistema bancario uruguayo en el mundo entero. Desde un diagnóstico de insuficiencia y mala calidad de la regulación actual, el Poder Ejecutivo apuesta al desarrollo del mercado como consecuencia natural de una mejora de la confianza de inversores y ahorristas en el cobro en tiempo y forma de su inversión. En las primeras de cambio de la discusión privada del proyecto, desde otro diagnóstico de la inexistencia de un mercado de valores, la descalificación del proyecto pivotea en la crítica de lo que sería un intento de híper regular lo que no existe, precisamente, por el temor de los agentes a una regulación ya excesiva.

La discusión es importante y debe ser conocida por los ciudadanos.

No puede quedar constreñida a una elite tal cual se perfila actualmente. Una mala ley pudiera hacer demasiado daño y bloquear por muchos años el encuentro de la demanda y la oferta de financiamiento no bancario del desarrollo. Pero la permanencia de una normativa ostensiblemente insuficiente o mal diseñada, pudiera generar riesgos similares a los que se concretaron en 1998 y 2002.