Para infraestructura y pobreza

El ingreso a un nuevo estadio económico obliga al gobierno a acelerar algunas modificaciones a ciertas reformas, a los efectos de compatibilizar su administración con las nuevas exigencias fiscales, pero sobre todo, para que ellas no se enfrenten a lo nuevo con riesgo de hipotecar objetivos originales, recursos y expectativas invertidas en ellas. El gobierno ya ha anunciado que procurará mitigar los efectos de la adversidad en la actividad privada y, seguramente, sobre los planes con los cuales las empresas públicas pensaban rematar su gestión. Empero, las restricciones fiscales que ya han comenzado a observarse a través de los primeros resultados conocidos de las cuentas públicas ­cierres de setiembre informados el fin de semana pasado­ determinan que esa contribución del Estado sobre la microeconomía no es sencilla. Ello está explicando, por ejemplo, la dilación y los porcentajes de la nueva disminución del precio de los combustibles con una eventual bonificación del precio del gasoil. Los tributos recaudados a través de la venta del combustible son considerables y el gobierno teme ofrecer señales que activen solicitudes en cadena de exenciones fiscales o de los cuasitributos ocultos en los precios administrados.

De cualquier manera, la mecánica reformista supone un sacrificio fiscal considerable ­transferencias, cofinanciamiento, inversión y estímulos tributarios. En un año electoral es complicado para cualquier gobierno flexibilizar y adecuar el gasto para obtener la meta de medio punto de déficit presupuestal sobre PBI. Pero lo más complicado consiste en lograr soluciones, aunque más no sea de carácter administrativo, que lo permitan sin que se rompan contratos o afecte aún más la confiabilidad en los planes de las reformas. En ese tipo de ejercicio están empañadas las oficinas que deben lograr nuevos equilibrios, por ejemplo, en el mantenimiento de la reforma de la salud, la cual pivotea sobre un sistema mutual en cuya programación de ingresos provenientes del Fonasa, se ignoró cómo se gestionaría un elevado endeudamiento, insoportable en un escenario como el actual. Por ahora el gobierno va a apelar a recursos y créditos extraordinarios. A diferencia de lo que sucede en otros lares, ni los fondos previsionales ni el presupuesto del BROU se verían rozados por el financiamiento del ajuste.