Se aprobó en el Parlamento la Ley General de Cooperativas
Con esta nueva iniciativa se pretende regular la materia del modo más claro, completo y homogéneo posible, en procura de dar la mayor seguridad jurídica en las relaciones de las cooperativas con sus socios, entre las propias cooperativas y en las contrataciones que mantienen con terceros. Antecedentes.
En la exposición de motivos, se indica que el fenómeno socioeconómico cooperativo constituye una forma especial de organización para la producción y distribución de bienes y servicios. Sus orígenes se ubican en Europa en la primera mitad del siglo XIX, y, en nuestro país, las primeras experiencias se asocian al alud inmigratorio de fines de dicho siglo y comienzos del XX. Hoy en día el cooperativismo y la empresa cooperativa tienen expansión y reconocimiento en todo el mundo. El accionar de estas entidades se encuentra pautado por un conjunto de doctrinas, valores, reglas y principios, nacidos con las primeras cooperativas.
A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, ha reconocido «la importancia de las cooperativas para la creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a la economía», como así también que son formas que «promueven la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social», por cuyas razones recomienda que se aliente «el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de las cooperativas.
Establece que «los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y función».
En cuanto a la legislación cooperativa nacional, es de señalar que la misma hunde sus raíces en leyes creadoras de figuras jurídicas muy cercanas a las cooperativas, de 1912, regidas por principios de mutualidad e inspiradas en fines de promoción del desarrollo, por las que nacieron las «cajas de crédito rural» y la Ley 6.192, del 16 de julio de 1918, de «sociedades de fomento rural».
La primera ley que reconoce y regula una modalidad cooperativa fue la Nº 10.008, del 5 de abril de 1941, relativa a las cooperativas agropecuarias (actualmente derogada). A partir de aquí se ha sucedido una multiplicidad de leyes referidas al cooperativismo que el nuevo proyecto integra en un solo marco normativo.
El proceso del proyecto de ley tuvo origen en el propio sector cooperativo. Fue la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop) quien presentó el primer proyecto al Legislativo, con un importante apoyo de la Comisión Honoraria del Cooperativismo.
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