La crisis afecta a judíos del Mercosur, que emigran a Israel

Mientras, en Uruguay, fuentes de la referida comunidad dijeron a LA REPUBLICA que si bien están padeciendo las consecuencias de la recesión, «no se registra una emigración similar a la que acontece en Argentina». Una de las fuentes consultadas sostuvo: «La crisis nos ha golpeado como a todas las empresas y el resto de la sociedad, pero no se ha registrado una fuerte emigración».

Asimismo, otros consultados dentro de la colectividad explicaron que «no se registra desde Uruguay un gran retorno hacia Israel», a la vez de entender que «la crisis económica es general y a afecta a todas las empresas, estén estas vinculadas a la comunidad judía, armenia, italiana, criolla, o a cualquier grupo».

No obstante, se señaló que algunas empresas propiedad de judíos han cerrado sus puertas. Si bien no existe un censo de población judía en Uruguay, las estimaciones indican que hay entre 20 y 25 mil miembros de la colectividad israelita, lo que representa menos del 1% de la población del país.

En Argentina, la comunidad israelita cuenta con unos 250 mil miembros y su influencia es notoria en las manifestaciones de la sociedad, desde la política y la economía hasta las artes y las ciencias. Pero el declive experimentado por la economía en los últimos años –que disparó el desempleo y la pobreza– impactó en la colectividad al afectar principalmente a capas medias de la sociedad, a la que pertenece la mayoría de las familias judías argentinas. La falta de oportunidades de progreso hizo que muchos judíos argentinos optaran por emigrar a Israel.

 

Los datos

Según datos de la estatal Agencia Judía, que depende del Ministerio de Absorción e Inmigración de Israel, Argentina se ubicó entre enero y mayo de 2000 como el principal emisor de inmigrantes hacia Israel, sin contar Europa del Este y Etiopía. En ese lapso, la emigración judía desde Argentina creció 20 por ciento con relación a enero-mayo de 1999.

Además, en lo que significó una herida para las arcas comunitarias, los dos bancos que financiaban gran parte de la actividad de la AMIA –el Patricios y el Mayo– cayeron en la insolvencia y fueron suspendidos.

Rubén Beraja, ex presidente del Banco Mayo y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) –máxima entidad política de la comunidad–, está procesado por cargos de defraudación por el presunto manejo ilícito de unos 300 millones de dólares que el banco recibió del Estado antes de ser clausurado en 1998.

En tanto, un ex tesorero de AMIA y funcionario del también quebrado Banco Patricios fue recientemente reprendido por el Tribunal de Etica de la AMIA, que consideró reprochable su conducta como dirigente de la entidad.

El ex directivo cuestionado, Sergio Szpolski, fue denunciado por Ostrower ante el Tribunal de Etica de la mutual judía «por diversos manejos que hubo que no fueron considerados correctos», según explicó el propio presidente de la AMIA.

Reuters se comunicó con Szpolski, quien se negó a hablar del tema. Fuentes comunitarias dijeron que el ex directivo del fallido Banco Patricios es el primer dirigente judío cuya conducta es reprendida por un tribunal de ética de la AMIA desde los años 30.

 

Atentados

La colectividad judía en Argentina recibió un duro golpe en 1992, cuando un atentado explosivo destruyó la Embajada de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos.

Apenas dos años después, en julio de 1994, la comunidad recibía otro mazazo con la voladura de la sede de su principal institución, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El atentado, que aún no fue esclarecido y que costó la vida a 86 personas, contribuyó a incrementar el pasivo de la entidad, que actualmente tiene deudas por 26,5 millones de pesos (dólares), según Hugo Ostrower, presidente de la AMIA.

«El atentado creó necesidades nuevas. Hubo que crear toda una estructura de seguridad, demostrar que la comunidad sigue activa, reconstruir el edificio de la AMIA y empezar todo desde cero, con el costo que eso significa», agregó una fuente comunitaria que prefirió el anonimato.

La AMIA subsidia 35 escuelas, actividades culturales, de culto, asistencia a necesitados y ancianos, una biblioteca en reconstrucción, una editorial y una bolsa de trabajo.

Su presupuesto anual es de 12 millones de dólares, pero debe afrontar el pago de tres millones por intereses de su deuda, lo que redujo su capacidad de acción, explicó Ostrower.

 

Justicia

Para aliviar su deuda, la mutual judía argentina debió vender en la última semana de 2000 el edificio que ocupó tras el atentado hasta la inauguración de su nueva sede. El gobierno de Buenos Aires adquirió el inmueble, ubicado en el centro de la ciudad, por 3,7 millones de pesos, reveló Ostrower.

Con 2,1 millones de pesos de ese dinero, la AMIA canceló la hipoteca que pesaba sobre el edificio vendido, pagará deudas por un millón más, y el resto será depositado en cuentas bancarias de la entidad, dijo a Reuters el dirigente.

«Hace 19 meses la AMIA estaba en una situación de cesación de pagos, se encontraba en estado de quiebra. Hemos tenido que tomar medidas muy duras para salvar la continuidad de la comunidad», agregó.

Fuentes de la colectividad judía dicen esperar con ansiedad el juicio oral con el que la Justicia argentina tratará de esclarecer el atentado que destruyó la sede de la AMIA. El proceso comenzará en marzo o abril.

«El juicio es prioridad número uno para nosotros y es un punto de inflexión para llegar a determinar si podemos seguir confiando en que la Justicia funciona», dijo el nuevo presidente de la DAIA, Jos Hercman.

Unas 20 personas, incluyendo cinco ex policías y un

vendedor de automóviles que presuntamente suministró la camioneta que contenía la bomba detonada en la puerta del edificio de la AMIA, esperan ser juzgados.

Para las entidades judías locales el juicio oral será un nuevo desafío que pondrá a prueba no solo la capacidad argentina de administrar justicia, sino la financiera, ya que el costo de los gastos jurídicos para enfrentar esta instancia supera el millón de dólares.