Deberán pagar 25% del valor del campo

Invitarán a debatir al Instituto Nacional de Colonización, intendentes, Asociación de Escribanos, Colegio de Abogados, y colonos que se sientan afectados por la aplicación de la ley 18.187. Tal lo acordado en la sesión extraordinaria realizada el jueves que contó con la participación de la Asociación de Escribanos de Soriano, colonos de diferentes colonias de Soriano, Río Negro y Colonia, ediles de Río Negro, el Intendente Besozzi y otras autoridades departamentales, donde se expuso los alcances de esta ley que comenzará a regir a partir de noviembre próximo.

Varios ediles expusieron los perjuicios que acarrea, para algunos colonos, la aplicación de la norma, «hay varias personas afectadas que compraron campos con anterioridad a la formación del INC» expresó el edil colorado Jorge Marriog.

 

Escribanos

La escribana Miriam Legísamo comentó: «Ni siquiera a una persona que comete un delito se le quita un bien». La discrepancia de los escribanos radica en el artículo 15 de la Ley 18.187, que establece que aquellos colonos que adquirieron sus predios antes de 1948, si no regularizan su situación, deberán pagar una multa equivalente al 25% del predio, y si en 18 meses no abonan esa obligación, el INC podrá enajenárselo.

En la sesión de la Junta Departamental, varios ediles expusieron los perjuicios que acarrea la norma. El edil Daniel Ordusgoity opinó que «esta norma es violatoria de viarios principios y atenta contra el derecho de propiedad».

Para el edil Jorge Marriog, la norma crea «una figura bastante extraña», ya que los obliga a pagar el 25% del valor de la propiedad y, de no poder cumplir con esta obligación, podrían perder su predio. El edil colorado Marcos Melazzi explicó que para un colono con 50 hectáreas afrontar una obligación de este tipo serían aproximadamente US$ 100 mil, algo así como el equivalente «a vender todas sus vacas. Ruben Malacria, colono de Colonia Agraciada (Soriano) «lo que están haciendo es una vil estafa para los que trabajan».

 

Alternativa

La Asociación de Escribanos del Uruguay elaboró un Proyecto de Ley alternativo que apunta a enmendar esta situación. En la exposición de motivos expresan que «la aplicación del artículo 15 de la Ley N 18187 recientemente aprobada por el Parlamento Nacional, llamada Colonización de Tierras, que da una nueva redacción a los artículos 35 y 70 de la ley 11.029, apareja consecuencias de gran significación respecto del avasallamiento al principio de seguridad jurídica, propio de nuestro estado de derecho, lesionando normas de carácter constitucional».