Un negocio que supera los 800 millones de dólares anuales

El fin de la denominada «era Ache» en el ente de los combustibles traerá como consecuencia la desregulación del mercado a mediano plazo, la importación de combustible ya refinado y una reestructura en cuanto a las concesiones en la distribución, otorgado hoy a cuatro empresas. La desregulación significa la posibilidad de instalación de nuevas refinerías de petróleo, la libre instalación de estaciones de servicio (hoy reglamentado) y la libertad en cuanto a precios, limitado únicamente por la fijación impositiva del Estado.

Esta nueva realidad haría casi inviable la posibilidad de transformar la refinería de Ancap, que fue inaugurada en 1937. La última ampliación de la misma fue en 1995 y los trabajos para una más profunda transformación (la cual sería ahora detenida) ya empezaron y deberían culminar en 2002. Esto tendrá un costo de U$S 160 millones, lo que debido a la concepción del gobierno y la situación económica del Estado no se podría efectuar.

 

La realidad

Para entender la realidad de los combustibles en Uruguay, la Federación de Funcionarios de Ancap publicó recientemente un trabajo con detalles sobre cómo funciona este mercado en nuestro país.

Ancap fue creada en 1931 con fines precisos: que el país no dependiera de las grandes multinacionales petroleras, para abastecer las necesidades de combustibles de los hogares, el transporte, la producción y el que fuere necesario para su desarrollo.

También dentro del espíritu del legislador se encontraba el que las cuantiosas ganancias que genera esta lucrativa actividad quedaran en el país para invertirlas en obras públicas, educación, salud, etcétera.

La ley de creación de Ancap establecía que debía construir su propia refinería y producir más del 50% de las necesidades de combustible del país, dando cumplimiento a las condiciones y con los fines para los cuales fue creada. Así fue asegurando el abastecimiento con productos de alta calidad y con una misma tarifa en todo el territorio nacional, estableciendo precios compensados para productos de consumo popular y de uso productivo.

El informe de la Federación de Funcionarios de Ancap indica que «sin embargo, las presiones y trabas durante el proceso de estatización de los combustibles dieron sus resultados y las autoridades de la época, cediendo ante las mismas, hicieron concesiones. Mediatizando los objetivos perseguidos por la ley y el espíritu del legislador, ante el boicot, firmaron unos contratos con las compañías multinacionales. Pese al carácter secreto de los mismos –denuncias que nunca fueron desmentidas y que los hechos a través del tiempo se encargaron de ir confirmando– Ancap a través de los contratos se obligaba entre otras cosas a comprar el petróleo crudo a las compañías multinacionales (dejando de lado las compras de petróleo ruso que posibilitaba el pago con la producción agraria nacional) a un precio que en la época era el más caro del mundo. Dependía de esas mismas empresas para su transporte a precios muy altos y compartió con ellas la distribución y comercialización interna de los productos refinados (transando y no aplicando nunca el monopolio íntegramente) en condiciones muy favorables para las compañías.

La situación quedó planteada de tal forma que en los hechos Ancap debía realizar la parte más riesgosa de la actividad petrolera (disponer de divisas suficientes para comprar el petróleo, realizar cuantiosas inversiones para construir las instalaciones necesarias para la recepción, refinación y entrega de los productos terminados) recibiendo por esa actividad márgenes muy bajos. Las que se llevaban la parte del león en el negocio eran las compañías que, sin inversión financiera no productiva, ganaban con la venta del petróleo crudo, con los fletes de los mismos y –luego que Ancap lo procesaba– con la venta de los refinados».

 

Sigue la historia

La historia se retoma en 1973, cuando bajo la dictadura se anulan los contratos con las compañías. Pero en 1976 se crea la Distribuidora Ancap SA (DASA), que no pertenece al ente de los combustibles sino que es una empresa privada que actúa de intermediaria entre los concesionarios de las estaciones del sello Ancap y el ente propiamente dicho. Asimismo, se otorgaron contratos de distribución a otras tres empresas: Shell, Esso y Texaco. DASA utiliza la marca Ancap en sus bocas de expendio y es la única que vende lubricantes con ese sello. Las otras tres distribuidoras (Shell, Esso y Texaco) compran a la refinería de Ancap los derivados e importan solamente los lubricantes. A cambio del servicio de distribución, Ancap reconoce a las empresas privadas un margen por comercialización y otro por inversión. Este último se debe utilizar para los gastos de mantenimiento e inversión en tanques y surtidores de las bocas de expendio. En el caso de DASA, ésta planifica con Ancap en el uso del margen de inversión. El transporte desde las plantas de almacenaje de Ancap (diseminadas en todo el país) hasta las bocas de expendio se realiza generalmente por empresas de transporte independientes que perciben una remuneración, también fijada por Ancap, que además determina en qué planta de almacenaje debe proveerse cada boca de expendio. Las bocas de expendio perciben una bonificación también regulada por Ancap por el servicio de comercialización minorista.

Dentro de las normas en el mercado de combustibles se establece que razones de orden social, económico y político determinaron mantener la operación de las denominadas «bocas sociogeográficas», que comercializan volúmenes muy reducidos pero cobran las mismas tarifas de combustibles. Estas «bocas» disponen de plazos de pago mayores y el flete por metro cúbico es similar al que pagan bocas más cercanas y que comercializan altos volúmenes.

Hay que aclarar que los contratos de distribución (DASA, Shell, Texaco y Esso) no fueron renovados durante el año que culmina y ahora se deberá plantear por parte del gobierno una nueva estrategia en la distribución.

Las recomendaciones

Desde 1997 se discute cuál es el nuevo marco para los combustibles y una consultora (FIEL de Argentina) recomienda dos medidas: la primera una nueva regulación para la distribución (esto se hará a mediados de 2001) y como segundo punto la desmonopolización de los combustibles. Otros puntos interesantes que se resaltan en ese estudio, con respecto a la situación del tema combustibles, son: la existencia de una flota de transporte de combustible desproporcionada para el tamaño del mercado y una cantidad excesiva de bocas de expendio (estaciones de servicio). Otra conclusión es que al estar las tarifas fijadas en forma uniforme en todo el país, se da un subsidio encubierto a las estaciones del Interior, ya que se compensan los costos de fletes y volúmenes comercializados. Con respecto al tipo de transporte utilizado en Uruguay, otra consultora (Cinex) señalaba que el precio de las gasolinas, muy superior al del gasoil, ha provocado la dieselización de gran parte del parque automotor liviano, lo que no se justifica desde el punto de vista económico, al generar mayores costos de refinación y en la adquisición de vehículos.