LA OBSOLESCENCIA DEL ESTADO FRENA Y COMPLICA LOS CAMBIOS

Los indicios se acumulan para alertarnos una área crítica en la cual el crecimiento sostenido a tasas desusadas, más la recuperación de la confianza con un incremento de la inversión, se enfrentan a la incapacidad del Estado de administrar y regular ese proceso. Este escenario se completa con los efectos de los cambios en el nuevo sistema tributario, en el Fonasa y la inclusión social de los sectores más carenciados.

Hay un sinnúmero de ejemplos que indican el drama generado por la demanda insatisfecha de servicios de regulación y administración estatal. Paradójicamente, este gobierno esta comenzando a perder pie en lo que promovió y habilitó con su política económica y social, con la adecuación del Estado para esa dinámica naturalmente más exigente. Paradójicamente, porque tenía claro este problema en el origen y por la centralidad del Estado en los procesos de cambio es para la izquierda una materia propia. El estado no responde y la brecha entre el dinamismo del sector privado y la modernidad básica del Estado hace agua, ensanchada por la multiplicidad del cambio y la innovación.

Uno de los ejemplos más recientes tiene que ver con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 18.083 al régimen de sociedades anónimas de explotación agropecuaria al portador contrariando el proceso que había estimulado la administración del Dr. Batlle en su último período. Fiel al programa de la fuerza política, la ley de reforma tributaria dispuso que las SSAA de explotación agropecuaria con acciones al portador perderían la exoneración del impuesto al patrimonio, generando un estímulo importante (1,5% sobre el capital) para que prácticamente todas las SSAA se transformaran en nominativas. Luego en la Rendición de Cuentas se prohibirían formalmente los nuevos registros de este tipo de SSAA, extendiendo el plazo de transformación hasta 2009. En la misma ley se habilita para calificar las SSAA que pudieran permanecer con acciones de acuerdo a la conveniencia del país, atendiendo la realidad de los grandes emprendimientos industriales. Pero desde julio de 2007 se agolpan en la Auditoría Interna de la Nación cientos de expedientes de solicitud de transformación de estas empresas.

La AIN es ostensible y tradicionalmente incapaz de proceder con agilidad frente a demandas vinculadas con los registros legales de las empresas que debe auditar. En tanto, una multiplicidad de empresas deberá pagar el cuantioso ITP del ejercicio dado que continúan siendo SSAA al portador pese a haber realizado las solicitudes desde julio del año pasado.

Esto era obvio.

Y los damnificados atiborrarían los juzgados con juicios que, como se sabe, ganan las empresas en la enorme mayoría de los casos.