SOLODUCHO: LOS LIMITES DEL VIEJO MODELO

El desenlace del caso Dancotex con la empresa pidiendo la liquidación judicial abre una etapa procesal en la cual seguramente se terminará perdiendo el escaso valor que el empresario, los trabajadores y sus acreedores pudieran haber rescatado a tiempo. Es uno de los casos que pasarán a la historia de cómo se puede actuar con una irresponsabilidad increíble. Será un ejemplo de cómo se puede destruir riqueza como consecuencia de la inexistencia de razonabilidad social y un caso de consulta sobre la vejez e ineficiencia de la legislación comercial y laboral del país.

Una de las reparaciones posibles del daño enorme que ha causado este triste proceso de ineficiencia pública y privada podría proveerse si, ante algún fiscal atento a la alarma, el Ejecutivo retirara el proyecto de Ley de Concursos y reestructura empresarial de su larga siesta en la Cámara de Diputados y lo volviera a enviar a la Asamblea General con carácter de Ley de Urgencia. Hace pocas semanas, el equipo económico ha intentado promover, pública y privadamente, un tratamiento diligente de lo que a comienzos de 2007 uno de los abogados consultados por el MEF, el Dr. Olivera García, hombre que nada tiene que ver con la izquierda, calificara como «un proyecto de Ley revolucionario.»

Es cierto que cada uno entiende la revolución como le place o puede. Pero el catedrático sabía a qué se estaba refiriendo cuando reconocía que sólo la izquierda podía intentar vencer todas las resistencias y elusiones históricas para modificar una legislación comercial victoriana y corporizada en códigos dispersos de hace un siglo y medio.

La liquidación y la quiebra previsible fueron precipitándose sin sorpresa alguna por una sociedad que observó el desenlace desde la épica televisada, confundida entre acusaciones y recursos de todo tipo. La justicia se rindió temprano. Incompetente, sin instrumentos como en cientos de casos de menor exposición pública. Los trabajadores también; carentes de mecanismos legales que habilitaran soluciones razonables, acudieron a medidas de fuerza recostándose a un Ministerio de Trabajo que supuso que este tipo de problemas puede resolverse con voluntarismos y convocatorias unilaterales.

Pero el caso va más allá y es aún más didáctico. Las reformas estructurales, fundamentalmente las dos que duermen en el Legislativo: la de concursos y la modificación de la Ley Orgánica del BCU, son requisitos de preservación y cuidado del resto de los cambios. Constituyen plataformas de apoyo sin las cuales se arriesga toda la construcción económica y la propia sustentabilidad de otras transformaciones.

Y por último, el caso Soloducho debe inscribirse en otra discusión mayor y cuyo desenlace también sigue siendo observado con displicencias y omisiones variadas: cómo se afronta la aceleración de la incompetencia de los empresarios nacionales y su método de subsistencia tradicional en la globalización.

Soloducho intentó forzar el modelo y logró utilizar toda la vieja y la nueva protección. Importa recordar que la industria textil no sólo ha logrado benevolencia en el crédito oficial sino subsidios directos votados en la última Rendición de Cuentas.