Disminuyó participación del salario en el gasto

Pese a que se aguardaban incrementos en los gastos del Estado durante el año móvil finalizado en enero pasado, las cifras divulgadas por el Ministerio de Economía el jueves indican que el aumento del superávit primario y la vuelta del resultado final de las cuentas públicas luego de pagar impuestos a un superávit superior al medio punto del PBI, tiene en cuenta muy especialmente el mantenimiento del nivel de gastos en términos reales.

O sea que, en enero, el incremento de la recaudación de la DGI más el aporte a rentas generales de las ganancias anuales del BROU, unos U$S 50 millones, no ha sido absorbido por un incremento paralelo del gasto sino que ha permitido mejorar el colchón de seguridad fiscal, una de las preocupaciones principales frente a una eventual precipitación de la crisis internacional.

Es interesante observar que en ese mejor comportamiento del gasto hay también, una variación significativa en la estructura del mismo. El gasto público en el Uruguay es muy rígido, lo que supone un problema de entidad creciente, dada la indexación y la política de distribución preanunciada y ratificada en estos días. Sin embargo, importa observar que en los últimos años, casi imperceptiblemente el gobierno ha logrado reservarse una porción creciente de ese desembolso tan rígido para utilizarla discrecionalmente en el financiamiento de su política social. En los últimos años el gasto ha venido aumentando en términos reales y en línea con el incremento del PIB. Pero, ese incremento se ha estructurado sobre porciones diferentes según sea ese gasto destinado a salarios y jubilaciones o a las transferencias que el ejecutivo realiza para financiar, ya sea el déficit de la seguridad social, como otros gastos vinculados a la asistencia en los programas abiertos en esta área. Uno de los ejemplos de utilización más selectiva del gasto es la que refiere al financiamiento del déficit de la previsión social. En los doce meses finalizados en enero pasado, el Ministerio de Economía debió transferir más de U$S 1600 millones para financiar el déficit de caja del BPS. Ello supone algo más del 6% del PIB. De alguna manera el gobierno está logrando aumentar la capacidad adquisitiva de los salarios sin que el monto de salarios y pasividades agote el excedente logrado, pasible de ser distribuido con arreglo a las políticas de inclusión y asistencia que ejecutan los ministerios ejecutores de políticas sociales focalizadas, incluyendo al propio BPS.