Fragilidades expuestas en el cronograma próximo

Pese a que todo parece dispuesto, no será sencillo el cambio del equipo económico lo que debería urgir la revisión, entre otras cosas, del complicado cronograma de los dos próximos trimestres.

En previsión de los ruidos que van a rodear la sucesión de Astori, Bergara y Lorenzo prevista para un momento de alta conflictividad potencial, parecería conveniente que el gobierno estudie alguna modificación del cronograma o, en caso contrario, se intenten algunos acuerdos que nos preserven de tensiones excesivas. Si el ministro Astori va a dejar su función en la segunda quincena de abril, óptimo estimado en una eventual carrera electoral con etapas importantes en el corto plazo, no parece muy conveniente que entre mayo y julio se acumulen una serie de instancias de potencial muy conflictivo y sobre las cuales el mercado pudiera especular más de lo conveniente.

 

Salarios, Rendición  de Cuentas e IRPF

En esos meses estará comenzando la discusión probablemente más difícil de la última rendición de cuentas de este gobierno. También en ese período se desarrollara una negociación colectiva del sector privado muy amplia y que como ya es notorio se presenta con expectativas bastante alejadas de la pauta oficial propuesta. Pero, además, en mayo se producirá una instancia que poca gente está ponderando aún en su potencial de conflictividad: en las dos últimas semanas de dicho mes, la DGI estará habilitando los lugares a dónde deberán concurrir los contribuyentes que deban realizar los ajustes del IRPF anual. Al lado de esos lugares se abrirán las cajas de las redes de pago para que se realicen masivamente depósitos que en la gran mayoría de los casos van a ser sensiblemente superiores a los que el optimismo o el descuido de los noveles contribuyentes han calculado. En las semanas previas, esos contribuyentes serán convocados a revisar sus cuentas en diálogo con un funcionario público. En ese momento se enfrentarán a una situación que no han vivido en su historia ciudadana. Firmar una declaración jurada sobre sus ingresos con innúmeras dudas de todo tipo y con una sola certeza: la factura que emitirá ese funcionario y que deberá pagar de inmediato como saldo de la suma de retenciones que se le hayan hecho y lo que realmente ha cobrado desde julio pasado. Esto no será una instancia tributaria más. Y más allá de todo el empeño y delicadezas que la DGI intente para hacer más confortable el momento, allí se concentrarán demasiados problemas. Aún suponiendo que los mercados externos logren la calma, es obvio que Uruguay vivirá en esos momentos un pico de conflictividad e irritabilidad muy elevado.