Un giro decisivo

Abundar en las simulaciones que se realizan actualmente acerca de qué podrá suceder si la curva del crecimiento vuelve más precipitadamente de lo previsto a sus niveles más normales y la rigidez de los costos sería demasiado obvio. Sería desconsiderado además para la inteligencia y la memoria de los uruguayos. En cambio lo que sería más útil y urgente en esta línea de intentar disminuir como se pueda los riesgos que sobrevuelan sobre la estabilidad, sería volver a concentrarse en el fortalecimiento institucional. El gobierno ha dotado de la fuerza de la ley a sus dos o tres iniciativas de redistribución e inclusión social más potentes: la nueva legislación del trabajo, el nuevo sistema tributario y el sistema integrado de salud. Ahora es probable que el gobierno ya no tenga más de un semestre para completar las esencias de su plan y afirmar su sustentabilidad. Allí es necesario concentrar todo el peso de sus mayorías y capacidad de gestión. Naturalmente sería un desastre que esos énfasis volvieran a vincularse a la discusión de la distribución y los precios relativos. Es demasiado riesgo aceptar que la próxima rendición de cuentas y la negociación salarial abierta se transformen en el eje de la discusión política. En cambio, si el plan, el discurso, los liderazgos y las disciplinas se concentraran sobre las asignaturas pendientes del fortalecimiento institucional, este gobierno estaría cerrando la primera experiencia de gobierno de la izquierda con notas honrosas; las que habilitarían, quizás, una nueva expectativa electoral. Ese avance en materia institucional está a mano de este gobierno si es que aquella otra discusión puede ser desplazada del centro de atención y confrontación. Hay proyectos de ley postergados cuya rápida aprobación agregaría seguridades mayores en ámbitos en los cuales, un eventual deterioro de la bonhomía actual pudiera activar viejos problemas estructurales. Entre ellos las consecuencias previsibles de la opacidad de la gestión pública y privada. Si la reforma de Estado se limitará tan sólo a una exposición mayor y más didáctica de la gestión pública pasible de ser seguida de otra manera por la ciudadanía; si la legislación de quiebras y modernización empresarial, o la normativa del mercado de capitales contará con los estímulos decisivos para transformar en oferta pública todo el financiamiento de mediano y largo plazo de públicos y privados, este gobierno habría logrado construir las únicas murallas admisibles frente a la inminencia de riesgos crecientes. Aceptar la imposición del eje de la redistribución como desideratum de justicia e inclusión en el largo plazo sería, ahora más que nunca, una claudicación tan incomprensible como inadmisible.