En equilibrio: la inversión social en América Latina crece conforme lo hace el PBI

De esta manera se ha logrado avanzar en la reducción de la pobreza, ha disminuido el desempleo y en algunos países ha mejorado la distribución del ingreso. Sin embargo, claro está, permanecen varios problemas y rezagos respecto de otras regiones. La desigualdad socioeconómica sigue siendo extremadamente alta. El gasto social, que creció ostensiblemente no basta para cubrir las necesidades sociales. Asimismo, persisten las corrientes migratorias provocadas por los desiguales niveles de desarrollo de las diversas localidades y regiones de los países.

Las sostenidas alzas en el gasto público social como porcentaje del PIB regional que venía observando la región hasta el año 2002 se desaceleran en concordancia con el elevado crecimiento del producto por habitante en el período 2003-2007 (más de 3% anual). Esto le ha permitido a la mayoría de los países de América Latina asegurar los equilibrios macroeconómicos sin dejar de expandir sus gastos sociales para atender los problemas de desempleo, pobreza e indigencia. De este modo se comienza a consolidar así un marco de institucionalidad para la política social que le otorga estabilidad a su financiamiento y le asegura legitimidad. En el informe cepalino «Panorama social de América Latina 2007″ se difunden las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, correspondientes al año 2006, que indican que en ese año un 36,5% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 13,4% de la población. El total de pobres alcanzaba los 194 millones de personas, de las cuales 71 millones eran indigentes.

Según el documento, en los últimos años el gasto público social como porcentaje del PIB tiende a converger hacia el 16% del PIB. En concordancia con la fuerte recuperación del crecimiento en ese período el gasto público social per capita aumentó 10%. Sin embargo, persisten importantes diferencias entre países explicadas, con pocas excepciones, por sus distintos niveles de desarrollo económico. Sólo cinco de los veintiún países analizados asignan recursos por sobre el promedio regional.
Debilidad institucional

Sin embargo, agrega el informe, la institucionalidad que determina el nivel y la estructura del gasto público social, y que condiciona el efecto sobre la pobreza y la desigualdad de la política social, deja aún mucho que desear. Si bien los gastos incrementan notablemente el nivel de bienestar de los más pobres, y tienen un impacto significativo sobre la desigualdad, su nivel es muy limitado como para contrarrestar la inequidad originada a partir de los ingresos primarios.

A su vez, los aumentos de los últimos años han priorizado el área de seguridad social, donde el impacto distributivo es menor. Los aumentos en los sectores de la educación, salud y asistencia social, que es donde el impacto distributivo es mayor, han sido relativamente menos importantes.
El informe señala que varios países deben realizar todavía un esfuerzo por revertir el comportamiento pro cíclico del gasto público social para poder mantener un sistema estable de protección social para la población más vulnerable. Hacia un nuevo contrato social Esto es especialmente relevante para impulsar un contrato social que sea capaz de guiar la asignación de recursos para gastos sociales conforme a un marco normativo de derechos y que pueda asimismo atender mediante sistemas de protección social que combinen mecanismos contributivos y no contributivos las limitaciones de inequidad y presupuestarias propias de cada país. Y al mismo tiempo, que permita impulsar un sistema de protección social sobre la base de reglas fiscales que aseguren un gasto contra cíclico. *